Perú reivindicó ayer el derecho de propiedad sobre el cargamento de monedas de oro y plata encontrado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration en la fragata española La Mercedes -que naufragó en 1804 frente a las costas del Algarve portugués-, anunció el canciller José García Belaunde.

"Tenemos una estrategia legal basada en principios del derecho internacional reconocidos, que tienen que ver con la prioridad de la sucesión de Estados", dijo el jefe de la diplomacia peruana sobre el juicio que tiene lugar en Estados Unidos.

Perú reclama el tesoro porque, además, las monedas fueron acuñadas en suelo peruano, acotó el canciller citado por la agencia estatal Andina.

"Eso nos da un título en virtud de que, si bien había una autoridad diferente que ejercía el gobierno en aquel año, lo cierto es que eso fue y sigue siendo territorio peruano, y por el principio de sucesión de Estados nos corresponde", aseveró García Belaunde.

Lima había dado un primer paso el 19 de agosto cuando el gobierno presentó ante el Tribunal Distrital Federal de Tampa, en Florida (Estados Unidos), un escrito en que solicita ser comprendido en el juicio que enfrenta a la empresa Odyssey Marine Exploration y España.

En la época en que las monedas fueron acuñadas, Perú era colonia de España. La fragata española que llevaba las monedas era la Nuestra Señora de las Mercedes, que fue hundida en un combate con la flota inglesa cerca de las costas del Algarve en 1804.

La firma Odyssey anunció el 18 de mayo de 2007 el descubrimiento de la nave en "aguas internacionales del Atlántico" conteniendo el mayor tesoro submarino jamás encontrado, compuesto por 500.000 monedas de oro y plata y centenares de objetos de oro.

El hallazgo fue bautizado entonces por la empresa con el nombre en clave de Cisne Negro.

Pero Odyssey se convirtió rápidamente en sospechosa a los ojos de España al repatriar rápida y discretamente a Estados Unidos el botín de 17 toneladas desde Gibraltar, guardando celosamente el emplazamiento exacto del navío hundido.

Ante ello Madrid inició la acción judicial en Tampa por sospechar que el navío fue encontrado en sus aguas territoriales.

En junio pasado el gobierno español anunció que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Perú para compartir "patrimonialmente" el tesoro.