La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado descarta la posibilidad de inclusión en el contrato del Servicio de Ayuda a Domicio de mejoras laborales, en concreto la reducción de la jornada semanal de 39 a 35 horas, una propuesta de las auxiliares al Ayuntamiento de San Fernando para su inclusión en el pliego de condiciones de la nueva licitación.

"La alcaldesa elevó una consulta a la junta consultiva ante las dudas que teníamos. Por un lado, las resoluciones de los tribunales en materia de contratación pública son contrarias a las cláusulas de mejoras laborales sobre el convenio colectivo. Por otro, consideramos que la Ley de Contratación del Sector Público sí contempla la posibilidad de incluir condiciones laborales", expone el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.

En la consulta realizada a este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública el Ayuntamiento isleño plantea el argumento de que la diferente normativa existente, la Ley de Contratos mencionadas e incluso la Directiva Europea, recoge la posibilidad de que los contratos sirven para alcanzar objetivos sociales más allá de cubrir las necesidades de la administración y por tanto admiten la inclusión de cláusulas sociales.

La respuesta de la Junta Consultiva, sin embargo, mantiene el criterio de los tribunales y confirma que fijar mejoras sociales en estos contratos, en este caso el de Ayuda a Domicilio, es contrario a derecho. En el adelanto de la resolución comunicada al Consistorio cierra la vía para incluir estas mejoras bajo el argumento de que cualquier condición laboral que supere el convenio colectivo no se puede imponer en un contrato, sino que es una cuestión que debe dirimirse en negociación colectivo, por la vía laboral.

"No lo compartimos", reconoce Rodríguez, que señala como vía posible que la Junta de Andalucía habilite la posibilidad de que se puedan recoger estas mejoras en la nueva orden que está tramitando para regular los servicios de ayuda a domicilio. "Debe ser contundente, más claro de lo que contempla en la orden actual", añade el responsable de Presidencia. Precisamente, en las últimas semanas tanto las auxiliares de ayuda a domicilio como el PP se han hecho eco de la resolución del Consejo Consultivo de Andalucía que avala la legalidad de esta nueva orden que el gobierno andaluz tramita desde 2021. En ese sentido, Rodríguez pide que se acelere la tramitación para que las administraciones puedan gestionar en consecuencia.

Desde el gobierno esperan poder reunirse el lunes con las representantes sindicales de las trabajadoras de ayuda a domicilio para explicarles la situación. Hay que recordar que el colectivo mantiene una protesta indefinida en las inmediaciones de las Casas Consistoriales para exigir a los dirigentes municipales que la nueva plica del contrato que rige este servicio fije 35 horas semanales en lugar de las 39 actuales. En sus movilizaciones, que después de más de un mes de vigilia les hizo recorrer la calle Real, las trabajadoras defienden mejores condiciones laborales para eliminar la situación precaria que sufren y vuelven a advertir de los continuos incumplimientos de la actual adjudicataria que llevan meses denunciando y que han llegado incluso hasta la Inspección de Trabajo.