Un jurado popular juzgará a los acusados de matar a dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate

Un jurado popular será el encargado de juzgar a los presuntos responsables del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate en febrero de 2024. El juez ha puesto fin a la instrucción del caso y ha dictado auto de apertura de juicio oral, en el que fija además una fianza de 3,3 millones de euros para el principal acusado, el piloto de la embarcación.

Cuando están a punto de cumplirse dos años de los hechos, el tribunal de instancia de Barbate ha acordado que Karim El Baqqaly, piloto de la narcolancha, y Yassine El Morabet, uno de los tripulantes, sean juzgados por un jurado popular. Otros dos ocupantes de la embarcación, de nacionalidad marroquí, serán procesados en un procedimiento separado.

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, a El Baqqaly se le imputan dos delitos de asesinato consumado y cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, mientras que a El Morabet se le acusa de seis delitos de atentado agravado contra agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron entre las 20:20 y las 20:29 horas del 9 de febrero de 2024, cuando seis guardias civiles se desplazaron al puerto de Barbate para comprobar la presencia de varias narcolanchas que se habían refugiado en la zona debido al temporal. El Baqqaly patroneaba una semirrígida de 14 metros de eslora, equipada con cuatro motores fueraborda de 300 caballos cada uno y antena satelital, en la que viajaban otros tres tripulantes.

El juez considera acreditado que el piloto realizó varias aproximaciones a la zodiac de la Guardia Civil y que, tras alejarse para ganar distancia, embistió deliberadamente la embarcación oficial a gran velocidad, impactando de babor a estribor. Todo ello, según el auto, con pleno conocimiento de la inferioridad de medios de los agentes y “con ánimo de causar la muerte a los seis ocupantes”.

En los momentos previos a la colisión, El Morabet habría apuntado en varias ocasiones a los agentes con un puntero láser, con la intención de reducir su visibilidad y capacidad de reacción, aunque no consta que lo hiciera en el instante exacto del impacto.

Como consecuencia del ataque, fallecieron los agentes Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, mientras que los otros cuatro guardias civiles resultaron heridos, con lesiones físicas y secuelas psicológicas. La embarcación oficial sufrió además daños valorados en 22.942 euros.

La Fiscalía ha fijado en 2,5 millones de euros la responsabilidad civil provisional por las muertes y las lesiones, cantidad a la que se suman los daños materiales, el posible lucro cesante y las secuelas psíquicas. Por ello, el juez ha ordenado a El Baqqaly —el único de los acusados que permanece en prisión— que deposite en el plazo de un día una fianza total de 3,3 millones de euros, bajo apercibimiento de embargo de bienes si no la consigna.