El gobierno municipal ha solicitado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe que determine la legalidad de la tasa consorcial para el tratamiento de residuos, una vez que los vecinos de San Fernando están recibiendo las notificaciones telemáticas del Servicio Provincial de Recaudación para el cobro de este impuesto. El equipo de gobierno reacciona así varios días después de saltar la polémica para resolver con este documento las dudas planteadas por vecinos, empresarios y formaciones políticas.

"Hemos decidido dar un paso el frente para que los isleños tengan todas las garantías de su legalidad", expone el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que reconoce el desconcierto que el aviso de la tasa ha provocado en la ciudadanía, incluso con dudas acerca de su legalidad. El edil socialista ha mantenido varias reuniones con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y con la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), entre otros interesados en conocer la realidad de este gravamen.

El equipo de gobierno ha solicitado una reunión urgente con el presidente del Consorcio Bahía de Cádiz, Javier Pizarro, y el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial, para poner sobre la mesa la "deficiente" gestión que se ha realizado en esta materia "al no tramitar el pago de esta tasa durante los años 2016 y 2017". A eso se ha sumado, lamenta, que no haya ido acompañado de una campaña de comunicación e información, para que "la ciudadanía conociera las razones de esta tasa, los motivos, la forma de pago y otras cuestiones, con la suficiente antelación".

Rodríguez reitera la exigencia que se ha hecho de que se acometa una modificación "lo antes posible" de la ordenanza de la tasa de tratamientos de residuos "para evitar en la medida de lo posible los efectos negativos que puedan ocasionar a la ciudadanía, especialmente en el caso de determinadas actividades económicas, y para que la misma tenga también en cuenta consideraciones de carácter social".

"Los vecinos de San Fernando no deben pagar los problemas de gestión del Consorcio Bahía de Cádiz y del Servicio de Recaudación de la Diputación", advierte. El también responsable de Gestión Presupuestaria y Tributaria admite que de afrontar el pago de la tasa "las condiciones de pago deben ser acordes a las posibilidades de cada persona, adaptándose a las condiciones particulares y empresariales, poniendo en marcha el pago fraccionado y sin que en ningún caso suponga intereses en el cobro de la misma".