Miembros de la comisión ejecutiva de la Asociación de Empresarios de El Puerto (AEP) con su presidente Pedro Fernández, mantuvieron en el Ayuntamiento una reunión con representantes de Vox, en la que participaron los concejales Juan Carlos Sanz y Leocadia Benavente.

El presidente de los empresarios agradeció a los representantes de Vox su voto favorable en el Pleno Municipal al establecimiento del canon y pago de la tasa a la Autoridad Portuaria sobre la concesión y uso de los terrenos del margen derecho del río Guadalete lo que permitirá desbloquear la inversión y actuación prevista en el programa EDUSI para la rehabilitación del entorno del río a través del paseo fluvial.

Al hilo de este asunto los empresarios trasladaron a Vox la reunión mantenida hace unos días con el nuevo concejal de Desarrollo Económico, Javier Bello, en la que se propuso la creación de una Mesa de Trabajo de apoyo a la inversión, puramente técnica, con la participación activa de los empresarios y en la que se analizó en detalle el desarrollo de los distintos proyectos que integran el programa EDUSI, "en la que si bien se aprecia una mejora de la situación respecto a hace un año sigue preocupando el retraso en su puesta marcha", señalan los empresarios.

Los concejales de Vox indicaron por su parte que existe un auténtico cuello de botella, especialmente en el departamento de Contratación, que complica aún más el cumplimiento de los plazos previstos en el programa.

Se analizó también, en materia de Urbanismo, la situación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Plan Especial del Casco Histórico (Peprichye) y licencias de aperturas y obras, entre otros.

Estas actuaciones llevan retrasos importantes y condicionan, según los empresarios, las inversiones en la localidad, "siendo al parecer la causa principal", según los representantes de Vox, "la falta de personal en las distintos departamentos de Urbanismo situación que se hace extensible al resto de delegaciones municipales y que lejos de solucionarse parece que se acrecienta con el paso del tiempo".

Uno de los asuntos más polémicos fue la falta de apoyo de Vox a la aprobación del pliego de contratación del servicio de autobuses urbanos. Los empresarios manifestaron su "total asombro y perplejidad ante la situación real de este servicio, con un déficit al parecer de más de 3.000.000 de euros anuales lo que supone un verdadero lastre para la situación económica municipal".

Para los empresarios "la solución no es aprobar y adjudicar un pliego como propone el equipo de gobierno por 15 años o 10 + 5 como corrigen desde Vox lo que supone hipotecar al Ayuntamiento por un servicio, sin duda social pero de justificación dudosa, por nada menos que 45 millones de euros. Está claro que dada las características del servicio y su más que injustificado coste, el consenso en la búsqueda de su máxima rentabilidad social y mínimo coste económico, debe suponer la premisa fundamental para todos los representantes políticos y agentes sociales".

Otro asunto tratado fue la situación de la Policía Local, cuya presencia se ha visto claramente reducida en un periodo tan importante como el verano. Al parecer, apunta la AEP, el problema es de nuevo de falta de personal y también económico, "pues a la escasez de plantilla, tanto por falta de reposición como por bajas médicas, se une la de dotación económica o problemas de pago en una Concejalía de gran importancia". A esta situación hay que añadir la ausencia del servicio de grúa por caducidad de su contrato de adjudicación y la no renovación del actual o adjudicación de uno nuevo.

La asociación solicitó a los representantes de Vox el apoyo razonable a los proyectos municipales de especial interés para la ciudad, "más que conocidos por todos, y la aprobación y apoyo a unos presupuestos adecuados para atender las necesidades del municipio y justos para los ciudadanos y empresas, sin subidas de impuestos, máxime en una situación tan complicada como la actual provocada por el coronavirus".

Los empresarios "cuya única función", afirman, "es la defensa de los intereses de las empresas y de los ciudadanos", no quieren entrar en polémicas políticas, por lo que apelan a los partidos a aplicar el sentido común y el interés colectivo. Por último, solicitan "el máximo consenso político y social en la defensa de los intereses de los portuenses".