El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, se ha reunido en estos días con los árbitros provinciales, encargados de la mediación de conflictos que pueden surgir en materia de elecciones sindicales.

El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 76 un procedimiento arbitral en el caso de que existan conflictos durante la elección de los representantes de los trabajadores. Los árbitros se asignan con arreglo a los principios de neutralidad y profesionalidad, entre licenciados en Derecho, graduados sociales y por acuerdo unánime de los sindicatos más representativos. El mandato de los árbitros es de cinco años, siendo susceptible de renovación y por cada laudo en los que intervienen, reciben una compensación económica de 120 euros.

Las demandas de los árbitros

Los representantes de los árbitros que han asistido a la reunión con el delegado de Empleo, han presentado su propuesta para modernizar su labor dentro de la estructura de la Junta de Andalucía, responsable en esta materia laboral. Los puntos presentados serían la apertura de un registro de laudos, una base de datos o poder disponer de correo corporativo, entre otras.

Daniel Sánchez ha querido manifestar la “importancia que tiene el procedimiento arbitral en nuestra provincia, siendo fundamental en su contribución a la paz social, garantizando que los trabajadores puedan elegir de la mejor manera posible a sus representantes sindicales”. Aunque se entiende que las medidas a tomar no serían exclusivamente de ámbito provincial, el delegado se ha comprometido a estudiarlas y a dar “todas las facilidades para que la labor de arbitraje se realice atendiendo a las líneas de mejora señaladas y elevarlas a la dirección general en el caso en que lo requieran”.