Mañana lunes, 2 de marzo, concluye el plazo de presentación de ofertas para la licitación abierta por la empresa municipal Impulsa El Puerto, cuyo objetivo es vender los terrenos de la antigua factoría de Cádiz Electrónica, después Visteon, que posteriormente se vendieron a Plasticur para la supuesta creación de una gran empresa de reciclados de la que hoy no hay ni rastro.

La venta de los terrenos a Plasticur se firmó en 2013 y en el contrato de compraventa se establecía como condición un plazo de cinco años para la creación de un centenar de empleos. En caso de incumplimiento se establecía una penalización de 10.000 euros por cada puesto de trabajo que se hubiera dejado de crear.

Dado que Plasticur incumplió todas las obligaciones fijadas en el contrato, Impulsa acudió a los tribunales y el Juzgado número 2 de los de El Puerto ha fijado la vista previa para el próximo 9 de marzo.

La empresa municipal pide que se declare resuelto el contrato de compraventa, que Impulsa se quede con el 25% del precio abonado por la empresa en su día y que se declare la obligación de Plasticur de abonar un millón de euros por el incumplimiento del contrato.

En estos momentos Plasticur Reciclados se encuentra declarada en rebeldía, y ha aportado la finca a otra sociedad vinculada.

Así las cosas, y con fiando Impulsa en que es previsible “una pronta resolución del litigio”, ha decidido sacar a licitación la futura compraventa de estos terrenos.

El contrato que ha salido a licitación contempla un precio mínimo de 1,8 millones de euros, así como depositar una fianza de 500.000 euros.

Mañana lunes concluye el plazo para la presentación de ofertas, aunque a finales de esta semana no se había presentado aún ninguna propuesta.

En caso de que finalmente alguna empresa se interese y presente su oferta, está previsto que la Mesa de Contratación se reúna en los tres días hábiles posteriores a la conclusión del plazo de presentación, es decir, esta próxima semana, con la presidencia del gerente de Impulsa, dos vocales designados por el Consejo de Administración y un secretario.

En el pliego de condiciones se aclara que la contratación queda condicionada a que en el plazo de seis meses desde la adjudicación, Impulsa El Puerto resulte propietaria de la finca licitada, por haber obtenido mandamiento judicial ordenando la inscripción de la propiedad a su nombre.

En caso de que el litigio abierto no hubiera finalizado en ese plazo, la licitación quedaría sin efecto.

La venta de los terrenos se realizaría a precio alzado, es decir, sin derecho al aumento o disminución del precio establecido.