El Gobierno central dará este viernes un importante paso adelante de cara a la supresión del peaje de la autopista AP-4 a partir del 1 de enero de 2020. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la licitación del mantenimiento de esta infraestructura por un importe de 24,7 millones de euros. Este contrato entrará en vigor en el momento en el que la infraestructura revierta el Estado tras caducar el próximo 31 de diciembre la concesión que actualmente explota Abertis.

El pliego de condiciones incluye la subrogación del personal que actualmente realiza las labores de conservación en la autopista. La licitación abarca el mantenimiento de la AP-4 desde el kilómetro 13,5 –la bifurcación de la N-IV en Dos Hermanas– hasta el kilómetro 105,4, en el término municipal de Puerto Real, donde la autopista desemboca en la CA-35 que conduce al Puente de la Constitución de 1812 sobre la Bahía de Cádiz. La licitación también incluye el ramal de tres kilómetros de la la AP-4 (a) que se dirige a Dos Hermanas y que quedó fuera del itinerario principal una vez que entró en servicio la variante de Bellavista en 1999.

La tramitación del contrato de conservación de la autopista Cádiz-Sevilla constituye un paso imprescindible de cara a la supresión del peaje. Estas labores correspondían hasta el momento a la empresa concesionaria y se sufragan mediante los peajes abonados por los usuarios en el tramo Jerez-Dos Hermanas y la aportación presupuestaria de la Junta de Andalucía, que financió en 2005 la supresión de la barrera de Jerez a cambio del pago de 10,8 millones de euros anuales a Abertis.

Evitar retrasos

Con esta licitación, el Gobierno evita así los errores cometidos en la autopista de peaje AP-1 entre Burgos y Vitoria, que el pasado 30 de noviembre fue la primera infraestructura en levantar las barreras tras caducar la concesión. En este caso, Fomento se vio obligado a adjudicar el mantenimiento por la vía de urgencia durante un periodo de seis meses a Itínere, la misma empresa concesionaria que ya explotaba esta autopista, ante las trabas que puso la Intervención de la Administración del Estado a los pliegos.

Finalmente, el pasado mes de febrero se sacó a concurso este contrato por un importe de 27 millones, lo que daba una idea del importe que supondría el mantenimiento de la AP-4 ya que la AP-1 tiene una longitud similar, en torno a un centenar de kilómetros, con la singularidad de que incluye varios túneles en el desfiladero de Pancorbo, lo que encarece los gastos de conservación en comparación con la autopista andaluza.

Casi medio siglo de pago

La concesión de la autopista AP-4 es una de las más antiguas de España, después de la Barcelona-Mataró y el tramo Barcelona-Granollers de la AP-7. Ha sido objeto de controversia ya que tanto PSOE como PP prometieron rescatar el peaje mientras estaban en la oposición, compromiso que quedaba en el tintero al llegar a La Moncloa o San Telmo.

La autopista entró en servicio en 1972, aunque la concesión fue adjudicada en 1969 por un periodo de 24 años. Sin embargo, en 1977 fue prorrogada por primera vez hasta 1999 por el Gobierno de UCD presidido por Adolfo Suárez. En 1986, la concesión fue ampliada por segunda vez por el Ejecutivo socialista de Felipe González hasta 2006. La tercera prórroga llegó en 1997, cuando el Ejecutivo del PP de José María Aznar decidió ampliar el plazo de explotación hasta el 31 de diciembre de 1999.

No obstante, dos tramos quedaron libres de pago directo conforme pasaron los años. El primero de ellos fue el puente José León de Carranza, que fue rescatado a principios de la década de los 80. Y el segundo fue el tramo Jerez-Cádiz, cuyo importe fue asumido directamente por la Junta de Andalucía en 2005

Ante la inminencia del fin de la concesión, los ministros de Fomento populares Ana Pastor y su sucesor Íñigo de la Serna anunciaron que el Estado asumiría la autopista al caducar la concesión, sin aclarar si eso implicaba el fin del pago directo.

Tras la moción de censura, el socialista José Luis Ábalos recogió esta cartera y fue más explícito al anunciar que las barreras se levantarían en las autopistas cuya concesión caducara durante su mandato. La primera fue la AP-1 Burgos-Vitoria, a la que le siguen la AP-4 Cádiz-Sevilla y próximamente llegará el turno de los tramos de la autopista del Mediterráneo entre Tarragona, Valencia y Alicante.