El Consejo de Transparencia de Andalucía ha notificado a Ecologistas en Acción que ha comunicado al Ayuntamiento de El Puerto "el acuerdo de inicio de procedimiento para instar la incoación de un procedimiento sancionador o disciplinario por la presunta comisión de alguna de las infracciones previstas en el Título VI de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía”.

Esta Resolución, señalan los ecologistas, "culmina un largo proceso de denuncias y requerimientos al Ayuntamiento por su negativa a facilitar información sobre el destino de las sanciones urbanísticas y multas coercitivas impuestas por construcciones ilegales en el municipio".

Ecologistas en Acción lleva desde 2015 reclamando al Ayuntamiento información sobre el destino de lo recaudado por el cobro de sanciones por infracciones urbanísticas. "Se nos contestó, más de un año después, que se desestimaba esta petición en base a que esa información no constaba como tal. Excusa sorprendente que el Ayuntamiento no conozca el destino de las multas por infracciones urbanísticas".

"La legislación urbanística determina que el importe de las sanciones por infracciones urbanísticas tiene carácter finalista y deben incorporarse al Patrimonio Municipal de Suelo (PMA)", señalan los ecologistas. "No es por tanto sólo una medida coercitiva para hacer cumplir a los infractores las normas urbanísticas, sino también una forma de compensar a la ciudadanía el daño causado por estas construcciones en suelos no urbanizables. En concreto, ese fondo debe destinarse a la adquisición de suelo, construcción de viviendas de protección oficial y equipamientos públicos, a la conservación y rehabilitación de la ciudad existente, así como a dotaciones o mejoras de parques públicos y del patrimonio cultural", explican.

Por tanto, añaden, "el Ayuntamiento dispone de un importante fondo destinado a construir y mejorar viviendas protegidas y equipamientos, a mantener, mejorar y crear nuevas zonas verdes, y a rehabilitar el depauperado patrimonio histórico. Nada de esto se ha hecho en las últimas décadas, a pesar de contar con fondos que tienen ese destino".

En 2018 los ecologistas volvieron a solicitar la información, "sin resultado". Ya en agosto de 2020, Ecologistas en Acción reiteró la solicitud al Ayuntamiento reclamando información "sobre el importe que el Ayuntamiento había recaudado con la imposición de multas coercitivas y sanciones urbanísticas en los diez últimos ejercicios, así como adquisiciones realizadas con cargo a estos fondos para integración dentro del patrimonio público municipal del suelo”.

El concejal de Innovación, Comunicación y Administración Electrónica del Ayuntamiento, Javier Bello, respondió con datos generales sobre las sanciones cobradas, "pero negando la información sobre las adquisiciones realizadas con cargo a esos fondos para su integración al Patrimonio Municipal del Suelo". De la información recibida se deduce que el Ayuntamiento ingresó en el periodo 2006-2019 un total de 2.677.518 euros, "que los responsables municipales no saben, o quieren ocultar, en qué se ha invertido".

El Consejo de Transparencia de Andalucía destacó en una Resolución de octubre de 2021 que "es innegable la relevancia pública de la información de naturaleza económica, resultando por tanto del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos referentes a las decisiones de gasto por parte de las Administraciones públicas". Ante la excusa del Ayuntamiento de carecer de esa información, señalan los ecologistas, "el Consejo de Transparencia responde que el Ayuntamiento debe tener constancia de las adquisiciones de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública que se hayan incorporado al patrimonio público del suelo".

"Pero el ayuntamiento ha seguido ocultando esa información, incumpliendo de forma reiterada los plazos que ha fijado el Consejo de Transparencia".

El Tribunal de Cuentas establece que las administraciones titulares de patrimonios públicos de suelo "deben documentar contablemente de forma expresa y diferenciada los bienes integrantes del patrimonio, así como su movimiento patrimonial, sus enajenaciones y su destino final".

"El Ayuntamiento", subrayan los ecologistas en su denuncia, "no sólo tiene la obligación de informar a las entidades y ciudadanos que así lo requieran sobre las adquisiciones realizadas con cargo a las sanciones y multas coercitivas por infracciones urbanísticas, sino que lo debe publicar en su portal de transparencia, de forma anual, para estar accesible a toda la ciudadanía".

Ecologistas en Acción advierte a los responsables municipales que el desvío de los ingresos por multas coercitivas a otros fines "puede ser constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos"; y que, "de confirmarse las sospechas" del colectivo, "actuaremos en consecuencia".