Una obra de arreglo de las cornisas es el único compromiso que ha adquirido la Junta de Andalucía para atender las demandas de la comunidad educativa del colegio San Ignacio y el Ayuntamiento, según denuncia la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que se reunió esta mañana con la nueva delegada territorial de Educación, Isabel Paredes, que visitó hace unos días el centro. El Consistorio entregó a la administración andaluza el informe técnico que acredita la "irreversible" situación del centro e insiste en reclamarle su intervención.

El documento municipal advierte de que las deficiencias estructurales que sufren las instalaciones, que tienen una antigüedad de más de 50 años, deben resolverse con una reforma integral. A pesar de ello, la regidora lamenta que la intención de la Junta sea acometer "un futurible pequeño arreglo de las cornisas, una actuación para la que no han dado plazos ni fechas".

Cavada insistió en el déficit que presenta el colegio San Ignacio y reclamó a la Junta que dé prioridad a este problema y que incluya en los próximos presupuestos andaluces la financiación necesaria para acometer la rehabilitación completa. "Dar prioridad a este centro y a sus graves problemas implica tomar decisiones que permitan actuar de forma urgente, y hacerlo con soluciones integrales y no poniendo parches ni paños calientes que no dan ninguna garantía de futuro", expone.

Por eso, califica la reunión con la delegada de Educación como "poco constructiva". "Nos hemos encontrado frente a una actitud poco colaboradora y hasta vergonzosa por el desconocimiento y la falta de ganas de verdaderamente arreglar las cosas. Pocas reuniones a las que he asistido me han producido tanta desazón y la sensación de estar frente a un muro ciego y sordo frente a todo lo que teníamos que trasladar", se queja.

Informe de evaluación de riesgos y seguridad de hace dos años

Cavada también muestra su "gran preocupación" tras la reunión y por la falta de atención de la Junta ante el problema que existe, "por la seguridad de los niños y niñas del CEIP San Ignacio". En concreto, se refiere a que Educación maneja una evaluación de riesgos y seguridad que tiene ya más de dos años de vigencia, "por lo que le hemos reclamado a la responsable del Gobierno andaluz que actualicen esa evaluación para que tengamos garantías de que es seguro a día de hoy seguir manteniendo las clases en el centro".

Hace unos días tras los hechos ocurridos en la capilla del colegio Las Esclavas de Cádiz, el Ayuntamiento de San Fernando solicitó por escrito el informe y lo que reiteraron hoy. "Ante la sorpresa de que fue emitido hace dos años, se ha pedido su inmediata actualización y revisión", cuenta la regidora.

En el encuentro se han planteado por parte del gobierno isleño soluciones y medidas para poder actuar en el centro educativo con los menores inconvenientes. Así podría usarse el edificio anexo de Infantil con una redistribución de espacios para albergar a los niños durante la demanda actuación integral, para así evitar retrasos en la actuación o inconvenientes a las familias al mantenerlos en el colegio.