Greenpeace aplaude el abono único estatal de transporte y pide extenderlo a redes autonómicas y locales
Movilidad sostenible
Las primeras reacciones institucionales han dibujado un mapa de apoyos y recelos que puede condicionar su alcance real
El abono, que costará 60 euros al mes para adultos y 30 para menores de 26 años, podrá usarse a partir del 19 de enero
Greenpeace ha celebrado el anuncio del Gobierno de implantar un abono único para viajar por todo el país en Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales, al considerarlo un avance relevante para impulsar el transporte público y reducir emisiones. Sin embargo, la ONG subraya que la medida debe ampliarse para convertirse en un billete único que incluya también los servicios autonómicos y locales, de forma que facilite los desplazamientos cotidianos metropolitanos e interurbanos con una tarifa competitiva frente al coche privado.
En su valoración, Greenpeace recuerda que el transporte es el sector que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero en España, por lo que defiende que el nuevo esquema tarifario se oriente a acelerar la descarbonización de la movilidad. La organización cita como referencia experiencias europeas como el Deutschlandticket alemán o el billete climático austriaco, y sostiene que para cambiar hábitos “la tarifa del abono debe ser asequible, útil y significativamente competitiva” frente al coste real del uso del coche.
La portavoz de la campaña de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona, ha atribuido el paso dado al empuje social a favor de medidas de movilidad sostenible y al trabajo previo de la organización, que en 2023 presentó su propuesta “T-lleva”. “Celebramos que vamos a tener un abono único de transporte público"; y subrayó que "estamos demostrando que se puede luchar contra el cambio climático con medidas que facilitan la vida de las personas”, ha señalado.
Según la información difundida tras el anuncio, el abono tendrá un precio de 60 euros al mes para adultos y 30 euros para jóvenes menores de 26 años, y el Ejecutivo calcula que podría beneficiar a dos millones de usuarios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a comunidades autónomas y ayuntamientos para que se adhieran “progresivamente” a la iniciativa, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha precisado que podrá utilizarse a partir del 19 de enero y que será un producto “a mayores” que no sustituye a los descuentos ya vigentes.
Las reacciones, entre apoyos y recelos
Tras el anuncio del Gobierno de un abono único estatal —con precios de 60 euros al mes para adultos y 30 euros para menores de 26 años, y con uso previsto desde el 19 de enero de 2026—, las primeras reacciones han dibujado un mapa de apoyos y recelos que puede condicionar su alcance real. Organizaciones ecologistas como Greenpeace celebran el paso pero reclaman que evolucione hacia un billete verdaderamente integrado (incluyendo metro y autobuses urbanos e interurbanos) y que el precio sea más competitivo para acelerar el trasvase desde el coche. En paralelo, varias comunidades autónomas han pedido conocer la “letra pequeña” antes de decidir su adhesión: Andalucía exige negociación y claridad sobre marco jurídico, financiación y adaptación tecnológica; Cataluña apunta a que el abono convivirá con sus sistemas tarifarios integrados; mientras Madrid ha mostrado un rechazo frontal al considerarlo improvisado y potencialmente más caro para algunos usuarios. En este contexto, el Ministerio de Transportes insiste en que el nuevo título será compatible con tarifas ya existentes, pero el debate ya se centra en si el diseño final logrará una integración suficiente para traducirse en una reducción sostenida de tráfico y emisiones.
Por su parte, Greenpeace reclama que el plan se acompañe de mejoras de frecuencias, ampliación de redes y refuerzo de la accesibilidad en todo el territorio. También propone explorar vías de financiación estables, como la eliminación gradual de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y un sistema fiscal más ligado a las emisiones de CO₂, con medidas como gravar el queroseno, las “emisiones de lujo” (jets privados, yates o automóviles de alta gama) o aplicar IVA a billetes de vuelos internacionales.
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