Los atuneros impulsan una norma para certificar la pesca responsable

La flota atunera española agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) ha impulsado la publicación de la primera norma de la Asociación Española de normalización y Certificación (Aenor) para crear un estándar de requisitos que deben cumplir los buques que deseen distinguir sus capturas como Atún de Pesca Responsable.

La nueva norma, publicada el pasado 13 de julio, contempla el cumplimiento de las mejores prácticas en las áreas de respeto con el medio ambiente y con la especie que captura, disponibilidad de los mejores mecanismos de control de la actividad pesquera y condiciones laborales y de seguridad de los 1.600 tripulantes (900 de ellos de terceros países) embarcados en los 40 buques de la flota agrupada en Opagac.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, presidió la presentación ayer de dicha normativa, de carácter voluntario, de la que destacó que es "pionera".

El presidente de la organización, Jon Uría, aseguraba que la norma muestra el compromiso de sus pescadores con "una tradición de pesca de varias generaciones" y espera que el estándar "se considere una referencia a escala europea y en algún momento a escala mundial". Además, comunicó que trabajarán para que la norma sea exigida "a toda la producción pesquera que se vende dentro de la UE".

El estándar al que la flota atunera de Opagac se ha sometido voluntariamente garantiza el cumplimiento de las mejores prácticas en una triple vertiente medioambiental, de control y socieconómica, a diferencia de otros referenciales que solo tienen en cuenta la primera.

Respecto a este punto, la norma exige utilizar dispositivos de agregación de peces no enmallantes para evitar capturas no deseadas, así como la formación de patrones y capitanes de barcos sobre el estado de los recursos pesqueros y el impacto que su actividad puede ocasionar en el ecosistema marino.

En cuanto a las medidas de control, la norma obliga a disponer de las autorizaciones de pesca y certificados sanitarios pertinentes de cada país donde se realiza la actividad, a contar con un sistema de localización de buques homologado y operativo 24 horas y a registrar la actividad en un diario electrónico.

Por último, marca una serie de exigencias socioeconómicas que hacen referencia a las condiciones contractuales de los tripulantes, que se alinean con el Convenio 188 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), y que garantizan retribuciones mínimas de salarios, horas de descanso, atención médica, prevención de riesgos laborales y seguridad social de las tripulaciones; además de reconocer su derecho a la negociación colectiva.