Nuevo paso adelante en el largo (y convulso) proceso de reforma de la contratación en la estiba española. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la reforma de los centros portuarios de empleo, un último paso con el que el Gobierno espera desbloquear la negociación del V Acuerdo Marco de la estiba, para culminar la reforma pendiente desde hace años y que está bajo la lupa de la Unión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y que afectará a los más de 2.000 estibadores del Puerto de Algeciras.

El nuevo cambio, introducido por el PSOE y Unidas Podemos vía enmienda a la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad económica, modifica el régimen de los centros portuarios de empleo (CPE), que sustituyeron a las antiguas sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep). Los accionistas de los CPE son las empresas con licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías y a estos centros estarían adscritos los estibadores.

Estos centros pasan a ser calificados como "empresas de propiedad conjunta de base mutualista", constituidas voluntariamente, "para satisfacer de forma óptima la necesidad común de los socios de disponer de trabajadoras y trabajadores portuarios especializados" para la manipulación de mercancías. 

Las compañías podrán contratar estibadores fuera de los centros portuarios de empleo y estos poner sus trabajadores a disposición de compañías fuera de los CPE, un requisito imprescindible para que la configuración de los centros portuarios de empleo pase los filtros de los organismos reguladores de la competencia. Pero la enmienda aprobada este jueves también establece que las empresas que formen parte de los CPE deberán garantizar "la ocupación efectiva" del personal de estos centros en las labores de manipulación de mercancías que no realicen con su propia plantilla, una medida de estabilidad laboral que en la práctica limita la contratación externa.

Por otra parte se recoge que a través de la "negociación colectiva" se podrán establecer "las especificaciones necesarias para el desarrollo de esta obligación", especialmente orientaciones para la organización del trabajo, como los nombramientos y turnos o sistemas de rotación. 

Las empresas, "en régimen de no exclusividad", colaborarán en la formación, perfeccionamiento y promoción profesional del personal del CPE. Pero además, tendrán que poner a disposición del CPE los nuevos medios y sistemas de trabajo para la formación simultánea de los empleados contratados por las empresas y los provenientes del centro portuario de empleo.

A las socias de los CPE también se les exige la participación "en la puesta en práctica de las medidas dirigidas a evitar o reducir los despidos colectivos y en las medidas sociales de acompañamiento y de recolocación" que pudieran acordarse en el CPE.

Con esta enmienda, aprobada con el voto en contra de Vox y un diputado del grupo mixto (la votación ha sido conjunta con otras enmiendas) y la abstención de Cs y el grupo parlamentario vasco, el Gobierno espera desbloquear la negociación del V Acuerdo Marco de la estiba. El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, aseguraba hace unos días en una entrevista en Europa Sur que se trata de establecer "el marco de actuación más favorable para que libremente las empresas que quieran apoyarse en el CPE como instrumento para obtener trabajadores puedan encontrar una vía de diálogo para un Acuerdo Marco en condiciones de estabilidad y normalidad. Y también para quienes no quieran utilizar dicho recurso. Todo desde el máximo respeto al marco comunitario y a la sentencia de la Unión Europea".

Fue la sentencia de la Unión Europea la que obligó a emprender una profunda reforma del sistema de contratación en este sector, que para la UE vulneraba las normas de competencia. Tras años convulsos se alcanzó un V Acuerdo Marco, pero este se ha encontrado con reparos por parte de la CNMC. El pasado año llegaba otro pronunciamiento en contra, una sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba preceptos del IV Acuerdo Marco también recogidos en el V. Esos pronunciamientos contrarios se han ido intentando sortear con modificaciones y ajustes legales que ahora entrarían en una recta final, a juicio del Gobierno, siempre intentando evitar la conflictividad en los puertos. Aunque las dudas sobre si los cambios son suficientes siguen sobre la mesa, con la Asociación Empresarial Asoport anunciando que seguirá su batalla contra la reforma de los CPE.