A escala internacional, los objetivos de descarbonización están igualmente en marcha pero con mucho menor impacto económico previsto. El sector naviero plantea, a través de la Organización Marítima Internacional (OMI), el establecimiento de un Consejo Internacional de Investigación y Desarrollo Marítimo (IMRB por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental de I+D que sería supervisada por los Estados miembros de la OMI.

El IMRB se financiaría por las compañías navieras de todo el mundo a través de una contribución obligatoria de 2 dólares por tonelada de combustible marino adquirido para el consumo por los buques mercantes de todo el mundo, lo que generaría alrededor de 5.000 millones en una década a razón de 250 millones de toneladas de consumo anual.

Tras la adopción del reglamento de control de emisiones de la UE, la OMI también estableció un sistema de recopilación de datos, basado en este caso sobre el consumo de combustible que entró en vigor en marzo de 2018, mientras que la recopilación de datos de consumo de combustible comenzó el 1 de enero de 2019, justo un año después del recuento del CO2 en Europa.

En una propuesta a la OMI de la ONU, el sector incluye propuestas para la gobernanza y la financiación del programa coordinado de I+D para su puesta en marcha en 2023 mediante enmiendas al Convenio de la OMI para la Prevención de la Contaminación de los Buques (Marpol).