El Ayuntamiento de Los Barrios y el administrador concursal de Agrival, una de las cinco empresas municipales en trámites de disolución por quiebra, han alcanzado un acuerdo para liquidar una parte del déficit a cambio de poner fin a los procesos judiciales de reclamación de deudas en los que está inmersa la mercantil.

El acuerdo compromete al Consistorio a un pago de 4.020.055,61 euros para que la administración concursal -como representación de los acreedores- dé por cerrada la vía judicial, según han explicado a Europa Sur fuentes municipales.

El administrador de Agrival mantiene abiertos dos frentes en los tribunales para cobrar del Ayuntamiento la mayor cantidad posible y cubrir así las deudas. En el escenario judicial más desfavorable para el Consistorio, el agujero económico alcanzaría los 18 millones de euros entre los dos procesos y los intereses.

En la jurisdicción mercantil el déficit total de la sociedad asciende a 11.715.906,14 euros. 10.754.601,83 euros son la deuda fijada en el procedimiento y los 961.304,31 restantes, créditos contra la masa (gastos generados con posterioridad a la declaración del concurso).

De estos 10,7 millones de euros, existe una sentencia en segunda instancia (Audiencia Provincial) que condenó al Ayuntamiento a devolver al patrimonio de Agrival dos subvenciones del Ministerio de Industria que acabaron en las cuentas municipales. El Ayuntamiento las cifró en 1.713.373,69 euros, mientras que el administrador ha solicitado al Juzgado la ejecución provisional de 3.077.126,39 euros sobre el déficit total (2.577.126,39 euros más 500.000 de intereses).

Este proceso mercantil se encuentra pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que cabe la posibilidad de una sentencia condenatoria más severa que eleve las obligaciones del Consistorio, según las fuentes consultadas. Ya ha sucedido en otros concursos, en los que conforme se ha avanzado en el escalafón judicial, la cuenta se ha ido incrementando.

El segundo frente judicial de Agrival se encuentra en el Contencioso-Administrativo, abierto en paralelo por la administración concursal para reclamar por cantidades que Agrival transfirió al Ayuntamiento de Los Barrios en la etapa de gestión del PSOE. Se trata de traspasos que en su mayoría no están soportados documentalmente como deuda en el proceso mercantil y que suman otros 5.807.877,69 euros.

Ya se celebró la vista judicial y en ella los órganos colegiados (Secretaría e Intervención) acreditaron los traspasos. Dado el testimonio de los funcionarios, todo apunta a que la sentencia será condenatoria, según el criterio de los técnicos municipales que han participado en la negociación del acuerdo.

El pacto zanja las dos vías judiciales. Para dar por cerrada la mercantil, contempla el pago de los 1.713.373,69 euros correspondientes a las subvenciones, lo que elimina el riesgo de un aumento de las obligaciones en los recursos. Esta cuantía supone una diferencia de 9.041.228,14 millones de euros sobre los 10,7 millones de la deuda total fijada en el concurso. Tampoco se aplicarán los 500.000 euros de intereses.

En el Contencioso, el pago municipal abarca 2.306.681,92 euros, lo que supone una quita de 3.501.195,77 euros sobre los 5,8 millones reclamados por el administrador, a expensas de la sentencia.

Solo en la vía de lo Mercantil, el pacto salda con 1,7 millones un déficit de hasta 10,7

El Ayuntamiento considera que con este acuerdo se logra un ahorro importante en las reclamaciones judiciales y del riesgo, según las fuentes consultadas, al liquidarse con un pago de 4 millones un escenario judicial de deudas que alcanzaría hasta 18 millones de euros entre los ámbitos Mercantil y Contencioso.

El documento ya ha sido depositado en ambos juzgados. En el Contencioso, para paralizar el proceso mientras que en el Mercantil para que conste como un pago a la sociedad para el posterior cierre y liquidación de las deudas.

El Ayuntamiento recurrirá al Fondo de Ordenación, el instrumento puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda para que las entidades locales abonen sentencias judiciales.

Empresa fantasma

El actual gobierno barreño, encabezado por Miguel Alconchel, califica a Agrival como una “empresa fantasma” puesto que nunca tuvo trabajadores a su cargo ni actividad productiva. Al contrario, fue utilizada durante la etapa del PSOE como una sociedad para financiar al Ayuntamiento. Lo hacía mediante la obtención de créditos, pagos y subvenciones que sistemáticamente eran trasvasados al Consistorio o a las otras empresas públicas, según quedó acreditado en los tribunales.

Entre otros orígenes de la agujero, Agrival se hipotecó y pidió subvenciones al Plan Reindus para habilitar una parcela de la zona de El Cañuelo para actividades logísticas. Un proyecto que nunca se realizó, ya que los suelos se consideran de difícil ejecución por tener servidumbres de paso de conducciones de agua. Los créditos no fueron pagados ni las subvenciones devueltas, por lo que entre los acreedores de Agrival se encuentran entidades estatales y bancarias.

Cinco consejeros culpables y complicidad municipal

Sobre Agrival de Cádiz ya pesan dos sentencias en el ámbito mercantil. En primera instancia, condenó en 2017 por quiebra culpable a cinco ex consejeros a hacerse cargo de las deudas con su patrimonio. El juzgado señaló a Juan Montedeoca (alcalde entre 2010 y 2011), Javier Grimaldi, Alfonso Pecino, Juan Miguel Camacho y Modesto Béjar para hacerse cargo de un 75% de la deuda conforme a unos porcentajes.

Las responsabilidades fueron ampliadas al Ayuntamiento como cómplice de la deriva económica en el recurso ante la Audiencia Provincial, de octubre de 2019.

La Audiencia estimó que hubo complicidad porque el Ayuntamiento no pedía explicaciones ante la entrada de dinero. Esa “pasividad” en palabras del administrador concursal, fue recogida en la sentencia como que “no existía contraprestación por parte del Ayuntamiento, y ello sí debió ser conocido por quienes ostentaban la gestión económica de Ayuntamiento o, al menos, debieron conocerlo de haber llevado a cabo una diligente gestión”.