La central térmica de Los Barrios de EDP, antes de Viesgo, podría dar paso a un proyecto de energías renovables en el medio plazo. Fuentes de EDP confirman que la compañía “está valorando diferentes opciones vinculadas a proyectos de energías renovables para que, con las mejores soluciones tecnológicas, se pueda mantener la actividad industrial, generar empleo y contribuir a la dinamización de las economías locales”. La zona por tanto podría continuar con una actividad económica, algo que ya anticipaba el plan de desmantelamiento de la planta, que preveía una desaparición solo parcial "con el objetivo de que el emplazamiento y parte de los equipos sean reutilizados en una actividad futura".

El cierre de la central térmica, tras 35 años de funcionamiento, fue anunciado a mediados del pasado año, a pesar de que inicialmente iba a ser una de las plantas de carbón que siguiese funcionando más allá de 2021. Viesgo presentó antes del verano ante el Ministerio para la Transición Ecológica la documentación necesaria para clausurar la planta, incluida en los activos del grupo Viesgo adquiridos por EDP, junto con la también clausurada de Puente Nuevo (Córdoba). El cierre llega, según explicaba la empresa, no por problemas para cumplir la normativa ambiental, sino por la falta de viabilidad de una central de carbón en las condiciones actuales del mercado.

El pasado 16 de marzo esa solicitud era concedida tras constatarse que no supondría un problema para la garantía del suministro eléctrico; no obstante, la planta había dejado de funcionar en 2020.

La decisión de clausura supone un fuerte varapalo para Los Barrios. En términos de empleo por la pérdida de los 80 puestos de trabajo directos y otros tantos de empresas auxiliares. En cuanto a la economía municipal, la central aportaba el 20% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento vía impuestos y tasas, según explicó el alcalde, Miguel Alconchel.

Convenios de Transición Justa

Esta realidad se repite en otros puntos del país en los que se está produciendo el cierre de centrales térmicas dentro del proceso de descarbonización de la economía, con el objetivo de lograr una Unión Europea climáticamente neutra (con una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero) en 2050. Ante el impacto que este proceso tendrá sobre el empleo, especialmente en las comarcas mineras, el Gobierno central aprobó una Estrategia de Transición Justa y ha creado un Instituto para la Transición Justa para adoptar las medidas “que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios”.

De ahí parte el Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios, al que hace unos días se adhirió EDP, con lo que el documento incorpora ya a todas las centrales térmicas de carbón de España. Mediante este acuerdo, las empresas se comprometen a elaborar un plan de acompañamiento para trabajadores y territorios que incluye propuestas de nuevas inversiones en las zonas, así como a diseñar planes de recolocación para el personal propio y a dar prioridad a la contratación de las personas trabajadoras de empresas auxiliares tras el cierre de las centrales. Desde la Administración, una de las principales iniciativas es la elaboración de un plan específico de apoyo a la formación profesional e inserción laboral de los trabajadores tanto de las centrales como de sus empresas auxiliares. Todo ello financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esto se articula a través de Convenios de Transición Justa, que contarán con participación pública y se centrarán en captar las oportunidades que surjan en el ámbito de la transición ecológica teniendo en cuenta las características de cada territorio y favoreciendo la implantación de iniciativas empresariales vinculadas a la producción.

Colaboración de las administraciones

Ahí se enmarcaría esta búsqueda por parte de EDP de alternativas vinculadas a las energías renovables para un terreno que tiene una situación privilegiada para el desarrollo de una actividad industrial. El Campo de Gibraltar se ha convertido en un lugar relevante en el mapa de la expansión de la energía verde, con múltiples proyectos de solar fotovoltaica en tramitación y como un punto clave en el mapa del hidrógeno. Y EDP Renovables es líder en el sector y el tercer productor mundial de eólica.

El compromiso de la compañía es “actuar de forma responsable no solo con el medio ambiente, sino también en lo relativo a la generación de empleo, al mantenimiento de la capacidad de generación y a la activación de la economía en las zonas de las centrales de carbón, analizando las mejores opciones. Por ello, EDP apuesta por la adopción de planes sólidos y de futuro para las centrales, ofreciendo una garantía de desarrollo sostenible para las zonas donde está presente”.

No obstante, remarcan desde EDP, estos proyectos “requieren la colaboración, cooperación y apoyo de las distintas administraciones públicas y será indispensable también la participación de EDP en los concursos energéticos que se celebren en el territorio de la central y en las herramientas de apoyo que se definan en el marco de la política de transición justa”.

Además de la central, otras administraciones participarán en este desarrollo. Este marzo, el Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Federación Española de Municipios y Provincias suscribieron los protocolos de actuación que darán soporte a los Convenios de Transición Justa para el cierre de las centrales térmicas de Los Barrios, Carboneras (Almería) y Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba). En el caso de la central barreña, el Convenio incluirá también a los municipios de La Línea y San Roque (en el conjunto de Andalucía serán 15 en total).

Los acuerdos, especificó la Junta, deberán incluir uno o varios proyectos tractores de impulso de cada uno de los enclaves. Pondrán el acento en el desarrollo de actividades relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios o la economía circular. También se dará prioridad a la ecoinnovación, la restauración de ecosistemas, la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la agricultura ecológica o de secano, la ganadería extensiva o el turismo sostenible, entre otros. La Junta, por su parte, pondrá a disposición de estos proyectos sus líneas de incentivos al desarrollo industrial, los canales de captación de inversiones estratégicas, el apoyo a la internacionalización o la formación para la adaptación profesional de los trabajadores.