La sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz acoge estos días la vista oral de un juicio por delitos societarios que sienta en el banquillo a cinco empresarios, promotores del Centro de Negocios Arttysur del parque comercial de Palmones, en Los Barrios.

El proceso busca determinar si los cinco, como integrantes del consejo de administración de Arttysur Bahía de Algeciras SL, incurrieron en hasta tres delitos económicos aprovechando su posición de control de la compañía para, supuestamente, trasladar las opciones de negocio de la promotora a un entramado paralelo de empresas en perjuicio de los socios minoritarios de la mercantil que forma parte del grupo promotor Arttysur, con sede en Sevilla.

La Fiscalía solicita para los cinco procesados hasta siete años de prisión y doce meses de multa así como afrontar una indemnización de 7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por el perjuicio presuntamente causado a la sociedad. La defensa de los procesados sostiene que las decisiones de sus representados salvaron a Arttysur Bahía de Algeciras de la quiebra y solicita la absolución.

El caso fue denunciado por uno de los socios minoritarios:la empresa Sotoland Property, participante en un 2,3% del capital de Arttysur Bahía de Algeciras SL.

Sotoland tramitó la querella contra cinco miembros del consejo de Arttysur (su presidente, secretario y tres consejeros, con más de un 80% del accionariado en conjunto) al estimar que habrían vaciado patrimonialmente Arttysur Bahía de Algeciras SL en favor de otra empresa creada con ese fin por los acusados, llamada Hospital Arttysur Bahía de Algeciras SL, para cristalizar a través de ella una importante operación con un grupo sanitario privado en el centro de negocios. Algo que dejó a los socios minoritarios sin opción de participar en los beneficios, según Sotoland.

La Fiscalía estima que los acusados tuvieron un "ejercicio abusivo y desleal de sus facultades como administradores"

El escrito de acusación de la Fiscalía que solicita la celebración de la vista oral, fechado el 5 de abril del año pasado, considera a raíz de las diligencias practicadas en la instrucción que los acusados actuaron “de común acuerdo y bajo un mismo plan deliberado de acción, como los únicos miembros integrantes del consejo de administración de Arttysur Bahía de Algeciras SL. En el ejercicio abusivo y desleal de sus facultades como administradores, en perjucio de ésta y en beneficio propio, llevaron a cabo una serie de contratos, acuerdos y operaciones ocultas y fraudulentas”.

La Fiscalía sostiene que las actuaciones formaban parte de “un único plan urdido con el propósito de vaciar patrimonialmente la sociedad que administraban, despojándola de su única oportunidad de negocio, a favor de otra sociedad creada ad hoc por los propios acusados y controlada por ellos”. El escrito de acusación relata como primera práctica supuestamente irregular la “autoventa de un activo inmobiliario de Arttysur Bahía de Algeciras y la sustracción del negocio asociado al mismo”. En este punto, la Fiscalía sostiene que el consejo de Arttysur acordó en enero de 2010 vender un ala del centro de negocios, la que estaba proyectada para acoger un hospital privado, a una sociedad llamada Hospital Arttysur Bahía de Algeciras que se creó un mes después. Esta sociedad, según la fiscal, resultó estar constituida por tres de los acusados (el presidente de Arttysur, el secretario y uno de los consejeros).

La representación letrada de los encausados solicita la absolución de sus defendidos y una condena en costas para el querellante

“Para la venta se pactaron unas condiciones manifiestamente perjudiciales para la sociedad, en perjuicio de los socios minoritarios, y beneficiosas para ellos mismos”, según el estudio del Ministerio Público. El precio de venta fue un 56% inferior al de tasación y con condiciones de pago muy ventajosas además de no informarse debidamente del acuerdo a los socios minoritarios, con una manipulación de las actas de la reunión, según la Fiscalía.

El ala del edificio Arttysur fue vendida a esta nueva sociedad por 4 millones de euros frente a una tasación de 7,6 millones de euros. Y con condiciones de pago aplazado “sin garantías ni intereses”. Según la Fiscalía, parte de los pagos se hicieron mediante “compensación de créditos ficticios”, de forma que de los 4 millones un total de 1,3 no llegaron a ingresar en Arttysur Bahía de Algeciras.

La Fiscalía también reseña que los acusados utilizaron la segunda sociedad que habían creado (Hospital Arttysur) para prestar financiación a la primera con intereses muy por encima del mercado, generando un perjuicio por varias operaciones financieras, compensaciones y otras prácticas. El escrito de acusación relata a continuación el entramado de sociedades participadas por los cinco acusados que tuvieron relación con estas acciones que ahora forman parte de la causa.

La Fiscalía cuantifica los perjuicios en 7.018.819,12 euros. De esta cantidad, 3.696.333,81 euros se corresponden con el diferencial de venta del inmueble y otros 3.322.515,31 euros con el perjuicio de las operaciones financieras.

La acusación particular, ejercida por Sotoland Property, eleva la responsabilidad a 17,3 millones de euros porque no solo tiene en cuenta el daño a la empresa, también la llamada pérdida de oportunidad; esto es, las opciones de participar en el negocio y obtener beneficios.

El Ministerio Público considera que los cinco acusados incurrieron en delitos societarios de imposición de acuerdos abusivos, administración desleal y negativa de información a socios en calidad de coautores. Por el primero solicita tres años de prisión, otros cuatro por el segundo delito y doce meses de multa por el tercero, así como sanciones de hasta 42.000 euros por acusado y la cobertura solidaria del perjuicio indemnizando a Arttysur Bahía de Algeciras con los 7 millones de euros antes calculados. La acusación particular solicita seis años de prisión al estimar los delitos en su conjunto.

Defensa

La defensa del presidente del consejo de administración de Arttysur solicita el sobreseimiento de la causa y la condena en costas a la acusación particular “por su temeridad y mala fe”. Según la defensa, la operación de compraventa habría prescrito cuando fue presentada la querella por parte de Sotoland.

Además, niega la imputación de los delitos societarios reseñando que todas las decisiones fueron adoptadas por la junta general de Arttysur y no por el consejo, por lo que contaron, según el escrito de la defensa, con el refrendo del 98% del capital social o incluso la unanimidad.

La venta del ala del edificio y su precio son vinculados a la situación del mercado inmobiliario y de la sociedad. Las alegaciones de esta parte discrepan con la tasación efectuada de 7 millones “realizada sin el mínimo rigor”.

En otros escritos de defensa del resto de acusados se niega que los intereses crediticios fueran abusivos y se reitera que las acciones de los consejeros, que califican como un “ímprobo esfuerzo”, salvaron a Arttysur Bahía de Algeciras de la quiebra.