Los vecinos del Zabal piden acogerse al nuevo decreto de vivienda de la Junta

La barriada del Zabal sigue siendo una de las asignaturas pendientes del municipio en materia urbanística. En la actualidad son alrededor de 500 las viviendas irregulares en esta zona cuyos vecinos no disponen de ninguno de los servicios públicos que sí tienen el resto de los residentes en La Línea, como alumbrado público, saneamiento o servicio de recogida de basura, ya que el suelo donde se han edificado las casas está catalogado como rústico de especial protección agrícola, por lo que no están legalizadas.

La asociación de vecinos Marillac-Zabal reclama la normalización de esta situación, algo que sostiene puede hacerse acogiéndose al nuevo decreto aprobado por la Junta de Andalucía para edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable, como es el caso.

"El Zabal es una barriada totalmente rústica y como es un suelo protegido los edificios se han construido sin licencia, algo que puede ser solventado con una nueva ley andaluza, que dictamina que todas las viviendas deben tener estos servicios. La asociación está estudiando de forma pormenorizada plantearle al Ayuntamiento que se nos proporcionen los servicios habituales, que se reconozca la construcción y se dote a la zona de servicios públicos. No es solamente por las familias por lo que queremos que se regularice la zona, sino también porque hay casas que están aquí desde hace más de 40 años y no estaría bien que las demolieran. La intención es que se legalicen las que se puedan y que el resto quede fuera de ordenación", explicó Guillermo Pérez, secretario de esta asociación vecinal.

La situación en la que viven estas personas conlleva que, aunque no dispongan de los servicios de los demás ciudadanos, tampoco estén obligados a pagar impuestos por estas prestaciones. "Los vecinos estamos dispuestos a contribuir en el pago de los impuestos, en la parte proporcional que nos corresponde, ya que hasta ahora no hemos pagado porque no teníamos los servicios de los que disponen el resto de los linenses. Por ello debemos plantearle al Ayuntamiento esta posibilidad, pero lo tenemos que hacer de forma consensuada y paciente, no a la carrera", apuntó Pérez.

El gobierno local anunció la regularización catastral de la zona de manera que sus vecinos paguen tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), si bien el concejal de Urbanismo, Francisco Espada, aclaró que ello no supone una legalización de las viviendas edificadas en el lugar porque para ello era necesario aprobar la revisión del PGOU, otra de las asignaturas pendientes del municipio. Eso fue antes de que la Junta aprobase ese decreto. Al respecto, Pérez aseguró que muchos vecinos ya ha comenzado a pagar el IBI.