El pleno pide la nulidad del convenio del Palacio de Congresos con Asur

El Pleno aprobó, con los votos a favor de La Línea 100x100, la no adscrita Ceferina Peño, PP y cinco de los seis ediles del PSOE que asistieron -votó en contra Javier García, además del andalucista Ángel Villar-, la propuesta para dar inicio a un procedimiento de revisión por acto nulo de pleno derecho del convenio firmado el 2 de marzo de 2012 entre el Ayuntamiento y Ámbito Sur Hoteles (Asur), que ha sido incluido por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla en el proceso concursal de la empresa, en el que se reclaman 4.977.768 euros al Consistorio. Aunque el andalucista Ángel Villar y los socialistas pidieron que se dejara el asunto para otra sesión ante la "falta de documentación" sobre el asunto -rebatida por el popular Juan Carlos Valenzuela-, el tema salió adelante. Ahora deberá ser el Consejo Consultivo de Andalucía el que emita un dictamen, aunque también se dará traslado al juez sobre la nulidad de este convenio, que no fue llevado a la práctica.

Este acuerdo fue firmado por el equipo de gobierno formado por PSOE y PA, con Gemma Araujo como alcaldesa, y suponía que el Ayuntamiento se hacía con la mitad privada del Palacio de Congresos, propiedad de Asur, tasada en tres millones de euros, a cambio del pago por parte de la empresa de una sanción de 2 millones de euros por haber sobrepasado la volumetría de todo el complejo en su construcción. También debía hacer frente Asur al IBI impagado por importe de unos 600.000 euros. La empresa también reclama al Ayuntamiento facturas por 1,3 millones de euros, que acabaron siendo rechazadas por Intervención. El convenio, según el expediente aprobado ayer, no cuenta con ningún tipo de informe que lo avale, principal motivo para que se plantee su nulidad.

El portavoz andalucista Ángel Villar solicitó más información sobre el asunto antes de que se tratara y pidió que se realice un pleno monográfico sobre el Palacio de Congresos, ya que recordó que en su día se hizo una permuta entre la parcela en la que se ubica estas instalaciones y en la que está el Club Náutico que arroja muchas dudas. También criticó algunos aspectos contemplados en el expediente.

En términos similares se expresó el portavoz del PSOE, Miguel Tornay, que coincidió en que faltaba información para poder debatir el asunto. Aun así la mayor parte del grupo socialista votó a favor de que se declare de la nulidad del convenio. "Estoy de acuerdo con que el convenio tiene graves deficiencias, pero no que se considere dañina la acción de la anterior alcaldesa, que intentó solucionar una situación ilegal por el exceso de edificación que hizo el PP. El convenio se hizo para legalizar la situación. No se debe criminalizar a una alcaldesa que intentó arreglar algo que era ilegal. Eso no es justo. Queda de manifiesto esa intencionalidad, pero no que resulte lesivo porque no ha ocasionado perjuicio económico. Vamos a votar a favor de que se inicie la revisión de oficio para que se aclare todo, pero no estamos de acuerdo con la redacción del expediente. Si votamos en contra parece que vamos a tapar algo. Pero no vamos a dar argumentos a nadie para que se meta una puñalada trapera al PSOE, cuando intentó arreglar un desaguisado que hizo el PP".

El secretario general respondió que en el expediente sólo pretende defender al Ayuntamiento. "Cuando se dice que es lesivo se refiere a los hechos, no a las personas. El convenio establece compromisos económicos para el Ayuntamiento porque una sentencia incluye este convenio en el inventario de bienes y derechos. Es un compromiso que asume el Ayuntamiento. Ahora le corresponde al consultivo emitir un dictamen", explicó.

El popular Juan Carlos Valenzuela, concejal de Impulso y Desarrollo Urbano, indicó que en el expediente está toda la información que requirieron tanto Villar como Tornay y desveló que los 1,3 millones que el Ayuntamiento debía pagar a Asur surgen de un compromiso verbal que adquirió el por entonces edil de Urbanismo, Francisco Espada, por la empresa. También lamentó que se cuestionara el informe elaborado por el secretario general y aclaró que no pretende criticar a las personas que llevaron a cabo la gestión, sino sólo que se haya hecho sin ningún tipo de informe.

El alcalde zanjó el punto del pleno aclarando que el motivo de declarar la nulidad del acuerdo es porque "puede causar lesividad y porque un juez lo ha incluido en un concurso de acreedores. Hay que intentar por todos los menos expulsar el convenio del ordenamiento jurídico porque un juez lo ha incluido en un concurso. Se puede continuar con el debate sobre el Palacio de Congresos más adelante, porque hasta que no se resuelva el juez lo seguirá tendiendo en cuenta".