Tras la proclamación de la Segunda República en La Línea de la Concepción hubo que esperar casi tres años para que volviera a plantearse en serio la imperiosa necesidad de una nueva casa-cuartel para la plantilla de los dos puestos de la Guardia Civil que había en el municipio.

Al inicio de 1934 la Comandancia de Cádiz estaba mandada por el teniente coronel José Romero Fialo y seguía encuadrada en el 16º Tercio, con residencia en la capital malagueña, cuyo coronel era Ricardo Salamero Ortiz. A su vez dependía de la 2ª Zona, cuya jefatura estaba establecida en Córdoba al frente del general de brigada Federico de la Cruz Boullosa, quien tenía a su cargo también los 8º, 17º y 18º Tercios de la Guardia Civil, cuyas sedes estaban respectivamente en Granada, Sevilla y Córdoba.

El capitán jefe de la Compañía de Algeciras, que había cambiado el 1º de diciembre anterior su numeración de la 8ª del 16º Tercio por la 2ª de la Comandancia gaditana, continuaba siendo Miguel Romero Macías. También seguía el teniente Cayetano García-Castrillón del Castillo, con jefatura en La Línea de la Concepción y del que dependían los puestos de la residencia, Atunara, San Roque y Campamento.

El 4 de enero el general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavallería, inspector general de la Guardia Civil, revistó la cabecera de la Comandancia de Cádiz, estampando su firma en el correspondiente libro de providencias que hoy día se sigue conservando.

Certificado del Ayuntamiento de La Línea de 1934

Entre los acuartelamientos que había visitado estaba el del puesto de La Línea de la Concepción. Allí, tras comprobar personalmente el lamentable estado en que se encontraban las casas-cuarteles de la calle Jardines y de La Atunara, donde vivían los guardias civiles con sus familias, se entrevistó con el alcalde José Agüero Baro, a quien expuso la necesidad de construir un nuevo acuartelamiento que reuniera las condiciones adecuadas de habitabilidad e higiene.

Éste le contestó aduciendo la incapacidad económica por parte del Ayuntamiento de afrontar una obra de esa categoría pero en cambio si se podía ofrecer gratuitamente el correspondiente solar como los existentes en Punto Ribot y Conchal, así como el ubicado frente al hospital municipal, si el Estado asumía dicho coste.

Consecuente con ello, la corporación municipal en sesión celebrada el 9 de enero ratificó por unanimidad lo ofrecido por el alcalde y el 16 siguiente, acordó elevar escrito al ministro de la Gobernación, “interesando que acuerde construir en esta población, con cargo al crédito que para esta clase de construcciones existe en los presupuestos del Estado, un edificio para alojamiento de las fuerzas de la Guardia Civil que presta sus servicios en esta localidad”.

Consecuente con lo anterior, el 19 de enero, el alcalde Agüero, se dirigió por escrito al ministro Manuel Rico Avello García de Lañón, exponiéndole que la visita del inspector general de la Guardia Civil, “ha puesto de relieve la necesidad imperiosa que existe de buscar nuevo alojamiento a las fuerzas del expresado Instituto que prestan sus servicios en esta localidad”.

Seguidamente le explicó que “la carencia absoluta de medios para ello”, por parte del ayuntamiento, impedía que se pudiera construir a su cargo, “el edificio que la Guardia Civil necesita en esta ciudad para su decoroso y adecuado alojamiento”.

A continuación, tras lamentar que “la realidad de nuestra maltrecha economía nos impide hacerlo”, solicitaba que su construcción fuera con cargo a los presupuestos del Estado, ofreciendo gratuitamente a cambio el correspondiente solar, “que por su magnífica situación pudiera servir para concentrar en el propio edificio las fuerzas que actualmente tienen su Cuartel en el interior de nuestra ciudad, y las que constituyen el puesto de la Barriada de la Atunara”.

Recibida la petición en el ministerio y solicitados los oportunos informes, el coronel Salamero expuso el 3 de marzo siguiente que los terrenos ubicados frente al hospital municipal, “se encontraban muy alejados de la población y más particularmente de los Centros oficiales, tales como la Aduana, Ayuntamiento, Correos y demás, perdiéndose la eficacia en la rapidez de las intervenciones de alteración del orden público”.

Como ello le había sido comunicado al alcalde, se había celebrado ya una nueva sesión el 6 de febrero anterior, aprobándose la oferta también de unos solares ubicados en el lugar conocido como San Felipe, “que se encuentran en un extremo de la Ciudad, entre el mar y la carretera de España”, en cuyas inmediaciones sí estaban los mentados edificios oficiales.

El coronel Salamero “que ha comprobado personalmente estos extremos en su reciente revista al Puesto de aquella Ciudad, considera que los citados terrenos reúnen mejores condiciones para la construcción de la casa-cuartel”.

En cambio se mostró disconforme de abandonar el acuartelamiento de La Atunara, y llevarse a sus efectivos al futuro acuartelamiento, “por ser aquello una barriada de pescadores donde son muy frecuentes las riñas y conflictos, que precisa la rápida intervención y personal que conozca bien sus habitantes”.

Lamentablemente eran tiempos de gran inestabilidad en el gobierno de España en general y en el ministerio de la Gobernación en particular, cuestión fundamental para dar viabilidad a cualquier proyecto. El 23 de enero había sido nombrado titular de dicha cartera Diego Martínez Barrios, que el 3 de marzo siguiente sería sustituido por Rafael Salazar Alonso, quien a su vez permanecería en el cargo tan sólo siete meses.

Total que “la necesidad imperiosa” de construir un nuevo acuartelamiento quedó nuevamente aplazada cuando, “de orden del Señor Ministro”, el 9 de marzo de 1934, se comunicó al gobernador civil de Cádiz, Adolfo Silván Figueroa, que no era posible acceder a los deseos del alcalde de La Línea, “por no existir crédito disponible”.

Hubo que esperar hasta principios de 1936 para que “alguien”, con “capacidad institucional” para ello, volviera a interesarse por la casa-cuartel de La Línea.

Para entonces ya habían cambiado los dos mandos principales de la localidad. El 30 de abril de 1936 se había incorporado el teniente Valeriano Silva Franco, procedente de Jimena de la Frontera, mientras que el 10 de febrero del año anterior lo había hecho como comandante de puesto, el sargento Manuel Gómez Maqueda, procedente de Arcos de la Frontera.

De aquel resurgimiento del interés por la casa-cuartel de La Línea se tiene constancia gracias al intercambio las notas entre el comandante Antonio Naranjo Limón, destinado entonces en la secretaría particular de la Inspección General de la Guardia Civil, a cuyo frente se encontraba el general de brigada de Caballería Sebastián Pozas Perea, y el jefe del negociado segundo (acuartelamientos) de la sección administrativa de aquella.

Son varias y están fechadas entre el 30 de enero y el 30 de junio de 1936. “Alguien”, de cuya identidad no ha quedado constancia, se había interesado mediante carta ante el general Pozas por el proyecto de la casa-cuartel de La Línea. La última de las misivas concluía informando que, “la cesión no está hecha mediante escritura y en la actualidad se carece de crédito en presupuesto”.

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Casi tres semanas después estallaba la guerra civil …