El Ayuntamiento de La Línea ha recibido este miércoles a través del Registro General la desestimación, por parte del Consejo de Ministros, de la solicitud de un certificado de silencio administrativo positivo planteada por el alcalde, Juan Franco, para la realización de la consulta popular sobre la ciudad autónoma. El equipo de gobierno entiende que con esa falta de respuesta más de tres meses después de presentar la solicitud -el Pleno la aprobó el 10 de marzo- tendría el visto bueno para su celebración. Sin embargo, el Gobierno afirma que aún está en plazo para resolver y notificar la autorización o negativa y para ello se ampara en un informe de la Abogacía General del Estado que ya están estudiando los servicios jurídicos municipales. 

"La pregunta excede las competencias locales y, además, no ha transcurrido el plazo legalmente establecido para resolver y notificar la solicitud del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, por lo que se entiende, de acuerdo con las conclusiones del informe de la Abogacía General del Estado emitido respecto de la solicitud, que procede la desestimación de la solicitud de certificación de silencio administrativo positivo, al no haberse producido el mismo", señala la referencia del Consejo de Ministros del martes. 

El Ayuntamiento indica que los servicios jurídicos municipales están estudiando detalladamente el informe de la Abogacía del Estado en el que se fundamenta esta respuesta para delimitar sus consecuencias e iniciar las acciones pertinentes. La voluntad del equipo de gobierno municipal es continuar dando pasos que permitan avanzar en la constitución del municipio como ciudad autónoma.

Tras tener conocimiento de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, Juan Franco indicó que según los servicios jurídicos municipales, "el plazo para efectuar esta contestación ya ha pasado y solicitamos el certificado de silencio positivo para realizar la consulta, ya que se habría autorizado de hecho por la vía de no contestarnos".

"Nosotros discrepamos de esta interpretación y estamos esperando ver el informe y a partir de ahí llevaremos a cabo las acciones que corresponda", afirmó.

Una de esas opciones pasa por esperar a que se cumpla el plazo que dicta la Abogacía del Estado. La otra opción es "que no compartamos el informe y que impugnemos la resolución por la que se desestima la emisión de este certificado", según explica el regidor. 

El proyecto de la consulta para la ciudad autónoma nació en 2018 después de que el Plan Integral del Campo de Gibraltar presentado por el Gobierno colmase el vaso del descontento. En marzo de 2022 fue aprobado por el Pleno tras el rechazo de las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía y el propio Gobierno.

Juan Franco advirtió en ese Pleno que si el Gobierno rechaza la consulta, "tendrá que explicar a este pueblo qué plan tiene para él". Un plan para combatir la dura realidad que sitúa a La Línea en cabeza de la estadística del paro, de los municipios con menor esperanza de vida, la falta de actividad industrial o la ausencia de infraestructuras básicas. Que combata con incentivos económicos la falta de médicos y profesores o el hecho de que "en 7 años he conocido a 7 comisarios, porque el destino no es atractivo".