Franco acusa a los comerciantes de bloquear cualquier entendimiento sobre el mercado de La Línea
El alcalde insiste en que la concesión para gestionar el recinto no supone privatización y defiende la rebaja de tasas sobre el primer precio anunciado
Un juzgado rechaza la suspensión de los trámites para que una empresa gestione el Mercado de La Línea
348 euros por un puesto de ocho metros lineales en el Mercado de La Concepción, unos 150 euros menos sobre los 500 de tasa inicialmente previstos. El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha valorado este jueves algunos aspectos sobre la polémica abierta en torno al futuro del Mercado de la Concepción. El regidor ha apuntado a la "relación insostenible" con la Asociación de Comerciantes del Mercado, a quienes acusa de demandar siempre diálogo y colaboración pero "sin voluntad de entendimiento alguno ni contrapropuestas alternativas".
Franco ha defendido que las obras del mercado "no han sido un capricho", sino una actuación necesaria por las condiciones de insalubridad en que se encontraba el edificio. Subrayó además el trabajo administrativo realizado para rebajar las tasas, que de los 500 euros mensuales inicialmente previstos han pasado a 348, garantizando que los actuales comerciantes puedan regresar al inmueble a la par que el Consistorio está dispuesto a asumir aproximadamente la mitad de los costes reales de mantenimiento del edificio.
El alcalde lamentó la politización del conflicto, recordando que en la concentración convocada a las puertas del mercado "estaba todo el arco de la oposición y otros partidos". El primer edil ha añadido que el Ayuntamiento ha presentado un Estudio de Viabilidad Económica, sin que se haya recibido documento alternativo ni de partidos políticos, ni de otras formaciones ni de la propia asociación de comerciantes.
Franco ha confirmado que el Ayuntamiento tiene prácticamente listo el pliego de condiciones para contratar la concesión de la gestión del servicio, insistiendo en que "aquí nadie está vendiendo ni privatizando el mercado". El alcalde ha justificado esta decisión en la incapacidad municipal para ofrecer una gestión eficaz de las instalaciones y defendió que una empresa podrá mejorar aspectos como el control de los puestos, la uniformidad, la limpieza y el mantenimiento de zonas comunes, la vigilancia y la promoción.
En su opinión, el problema "no es de dinero ni de superficie, sino de perder el control por parte de algunos comerciantes que durante años han estado especulando y traspasando puestos". Con la nueva gestión, dijo, se evitarán estas prácticas.
Respecto a las tasas actuales, las ha calificado de "ridículas e insignificantes", al recordar que un puesto de aceitunas paga 38 euros al mes y una carnicería 72, cifras que no se actualizan desde 2001. Con la tasa propuesta de 348 euros se incluirán además la limpieza, la recogida de residuos, la vigilancia y el marketing, cubriendo aproximadamente el 50% de los costes de la instalación, según el alcalde.
El Consistorio, ha explicado Franco, asumirá una subvención anual de 130.000 euros de una manera indefinida, además de otros 180.000 euros adicionales en tres años. Esto permitiría reducir las tasas a 268 euros el primer año, 300 el segundo y 332 el tercero.
“No queremos convertirlo ni en un Mercado Gourmet ni en un parque temático, sino hacer un Mercado de 2025 y no de 1953”, ha remarcado Franco, quien subrayó su disposición al diálogo, aunque “es imposible cuando la otra parte no está abierta al entendimiento”.
El conflicto también se libra en los tribunales
La asociación de comerciantes presentó un recurso contra un edicto municipal sobre las bases del pliego, que inicialmente fue archivado por el juzgado al considerarlo un acto de trámite. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ordenó al Juzgado de Algeciras entrar en el fondo del asunto, devolviendo el procedimiento "al punto de partida".
En paralelo, un comerciante interpuso una demanda individual sobre las nuevas condiciones, que fue archivada al no haberse materializado aún la regulación. Y recientemente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Algeciras desestimó suspender cautelarmente los trámites municipales, entre ellos el estudio de viabilidad y la nueva ordenanza. La magistrada entendió que se trataba de actos de trámite no recurribles, aunque dejó la puerta abierta a futuros recursos cuando el procedimiento concluya con resoluciones definitivas.
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