Una juez argentina ordena la detención del médico linense Abelardo Balaguer

La juez argentina María Servini ha ordenado la detención preventiva de una veintena de acusados por su relación con los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, entre los que se encuentra el médico linense Abelardo García Balaguer, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido el 6 de noviembre de 1967 en el Hospital Municipal de La Línea, donde trabajaba como médico ginecólogo.

La magistrada ha dictado una resolución en la que acuerda esta medida con fines a la extradición de los acusados para tomarles declaración indagatoria. Entre esos 20 acusados se encuentran Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), el malagueño Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, otros políticos de la dictadura, exmiembros de las Fuerzas Armadas y exjueces.

La denunciante acusa al ginecólogo de haber actuado como principal responsable, debido a las funciones que desempeñaba en el hospital municipal, en la sustracción de bebés a algunas de las mujeres que atendía "dando información falsa sobre la presunta muerte del niño, o no dando información alguna sobre el paradero del mismo".

La participación de Abelardo García Balaguer en los hechos que se le imputan resultan de los testimonios que dieron por videoconferencia en la Embajada argentina en Madrid los días 17 y 18 de febrero de 2014 María Mercedes Bueno Morales y por Flor de Lis Díaz Carrasco. Ambas se constituyeron como parte querellante en esta causa en representación de la Asociación por la lucha de madres de Bebés Robados de Andalucía-Alumbra, y de la Asociación SOS Bebés robados Euskadi, respectivamente.

Flor Díaz explica en su testimonio que su madre dio a luz un varón mediante ventosa. "Los bebés que nacen con ayuda de este instrumento tienen la cabeza ovalada, y no corresponde con la cabeza del cadáver que mi abuela sostiene en sus brazos. Además el parto es distócico (problemático), mi madre y mi abuela siempre aseguraron que quien atiende este parto es el doctor Abelardo García Balaguer, ya que en la Orden de Ingreso no figura este médico sino la comadrona Doña Marina. Sin embargo era el médico que estaba, como puede observarse, en el parto anterior al de Adela Carrasco. Un parto tan difícil no puede ser atendido solo por una matrona y más teniendo en cuenta que a mi madre la tuvieron anestesiada durante todo el proceso del parto", indicó el 18 de febrero en la Embajada argentina.

"Llamamos también al Registro Civil de La Línea de la Concepción para solicitar el legajo de aborto de Adela Carrasco Martínez, mi madre. Nos contesta una señora que se identifica como Rosa María García, nos pregunta la razón por la cual solicitamos ese documento. Después de contarle nuestras sospechas dice que se va a ocupar de buscarlo, cosa que nunca hace. Este legajo de aborto no ha vuelto a aparecer, pues han desaparecido del Registro Civil de esta ciudad. Más tarde un detective privado nos asegura que esta señora es hija del Dr. Abelardo García Balaguer y nos hace sospechar que ella misma es la que ha hecho desaparecer el único documento dónde podríamos demostrar que a mi madre la atendió este médico. Después de mucho solicitar este legajo de Aborto me contestan por escrito que ha desaparecido todo el año 67", explicó.

La jueza Servini, que viajó el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente para conocer de esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad. "En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional", dice Servini, que defiende la jurisdicción por parte de los tribunales argentinos y alude a la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

Este caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.