El juez archiva una querella criminal contra el alcalde y Manuel Aguilera

Una familia acusaba al Ayuntamiento de haberse apropiado de una finca

Instantánea de la finca en cuestión, situada en El Conchal.
Instantánea de la finca en cuestión, situada en El Conchal.
Redacción / La Línea

06 de marzo 2009 - 01:00

El juzgado de Instrucción número 2 de La Línea ha archivado la querella criminal interpuesta por la familia Martín Rodríguez contra el alcalde, Juan Carlos Juárez, y el concejal de Urbanismo, Manuel Aguilera.

Esta familia los acusaba, tal y como publicó en septiembre este diario, de haber incurrido en supuesto delitos de coacciones, usurpación, daños, obstrucción a la justicia y prevaricación. Argumentaban que el Ayuntamiento se había apropiado de una finca que les pertenecía y que está situada en El Conchal.

Según informó ayer el Ayuntamiento en una nota de prensa, ninguna de las acusaciones ha sido admitida "sino todo lo contrario, por cuanto los letrados municipales han dejado constancia de que por parte de esta familia ha existido una maquinación fraudulenta para intentar dar apariencia a un derecho del que carecen".

El equipo de gobierno agregó en el comunicado, en el que no estaba incluido el auto judicial, que la tesis que ha admitido este juzgado para el archivo de la causa es que es incierto que los querellantes, Adelina Martín Rodríguez y Dominga Rodríguez, sean legítimos titulares de dicha parcela. "La opinión municipal se basa, entre otras cosas, en que ni la finca estaba dada de alta en el padrón del IBI ni en el Catastro. Resulta difícil entender cómo una finca con la cabida y situación que dicen los querellantes tener, y con el aprovechamiento económico que subjetivamente le dan, venga ignorada en el Catastro y en el IBI, no apareciendo los demandantes actuales y anteriores como contribuyentes de dicho impuesto hasta 2001, fecha posterior a la constitución de la junta de compensación que se llevó a cabo en esa zona y por la cual se entregó al Ayuntamiento la propiedad de la finca".

El Ayuntamiento, para probar "esta acción fraudulenta de los querellantes" analizó las lindes que aportaron, que aseguró eran imprecisas. Asimismo, explicó que en 1991 se siguió un procedimiento civil por la misma familia y el mismo asunto "en el que tampoco fue posible determinar la situación exacta de la parcela".

El equipo de gobierno concluye en su nota de prensa que esta finca es propiedad del Ayuntamiento "como se desprende en la nota simple del Registro de la Propiedad y de su situación. Eta titularidad le llegó al municipio por la cesión que en su día se hizo tras la aprobación definitiva del proyecto de la junta de compensación llevada a cabo 1985, "cinco años antes de que los querellantes llevaran a cabo las maquinaciones referidas", añadía el comunicado.

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