El Tribunal de Cuentas investiga la responsabilidad de los 408 euros

Un instructor nombrado por el Tribunal de Cuentas ha solicitado al Ayuntamiento de La Línea un listado de los miembros de la corporación municipal desde 2009 hasta 2012 para indagar si hubo algún tipo de responsabilidad por alcance en el proceso de aprobación, primero, y en el de fiscalización, en los años siguientes, de las subidas salariales firmadas por Juan Carlos Juárez en junio de 2009. También investiga la contratación de un crédito firmado en mayo de 2005 considerado por la Cámara de Cuentas de Andalucía "extremadamente gravoso" para la tesorería municipal y que estuvo vigente 2014.

El Tribunal de Cuentas ha instruido un expediente para averiguar si existe responsabilidad por alcance por parte del equipo de gobierno que posibilitó estas subidas salariales, consideradas "contrarias a la norma" por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Pero no sólo investiga a los miembros de los equipos de gobierno desde 2009 hasta 2012, los liderados por Juan Carlos Juárez, Alejandro Sánchez (PP) y Gemma Araujo (PSOE), ya que el instructor ha solicitado la filiación de todos los miembros de la corporación municipal, ya que entiende que los responsables de ejercer el control y la fiscalización de estas decisiones también podrían tener alguna responsabilidad. Secretarios generales, interventores y tesoreros que tomaron parte en estas decisiones también entran en la instrucción.

La documentación llegó ayer mismo al Ayuntamiento de La Línea y en ella el Tribunal de Cuentas solicita informes técnicos y cuantías de la subida del complemento específico y del plus de convenio de 35 euros para el año 2009 y de 55 para 2010, de la inclusión lineal y generalizada de los denominados hasta entonces pluses de economato y puntualidad en el Complemento Específico o Plus de Convenio por importe de 4.766,44 euros brutos al año, y del contrato de permuta financiera firmado el 13 de mayo de 2005 entre el Ayuntamiento y el Banco Santander, que continuó vigente hasta 2014 tras sucesivos contratos de confirmación y que fue considerado "extremadamente gravoso" para las arcas municipales por la Cámara de Cuentas.

En el enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas se valora si los agentes actuantes en el proceso tienen alguna responsabilidad, aunque no tiene un carácter sancionador, sino meramente reparador. La obligación que nace de esta responsabilidad se limita estrictamente a la obligación de reparar con su patrimonio personal los daños y perjuicios causados, en este caso, a las arcas municipales, tanto por parte de los que tomaron las decisiones o los que no controlaron esas decisiones.

Por otra parte la Fiscalía también investiga, a instancias del Ayuntamiento, si el anterior equipo de gobierno pudo incurrir en una irregularidad penal con la RPT aprobada en diciembre de 2013, ya que el equipo de gobierno entiende que se contravinieron informes de la Secretaría e Intervención al ponerla en marcha.