El grupo de cinco extrabajadores de la Sociedad Municipal de Comunicación (Somdeco) ha detectado más irregularidades en el proceso de liquidación de la empresa una vez que sus despidos están siendo analizados por la vía penal. El Ayuntamiento de La Línea usó en el año 2012 (con el PSOE en el equipo de gobierno) 108.000 euros para pagar un embargo de la SGAE y a dos procuradores de un préstamo de 342.235,33 euros que el consejo de administración de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de La Línea (Emusvil) concedió a la Somdeco para abonar expresamente las nóminas de sus trabajadores.

Un grupo de cinco extrabajadores de la extinta radiotelevisión llevó el caso a la Fiscalía de Área de Algeciras, que puso el caso en manos del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea. Ahora, por la vía penal, los empleados están conociendo más detalles de la situación que se generó tras sus despidos.

El consejo de administración de Emusvil, de forma unánime, acordó el 17 de octubre de 2011 el pago de la deuda de los trabajadores de Somdeco hasta que se hiciera efectiva la extinción colectiva de contrato. La empresa municipal, destinada a la promoción de viviendas, ya se hacía cargo del paso de las nóminas de los trabajadores de la radiotelevisión desde mayo de 2011.

Una vez que se tomó el acuerdo de octubre de 2011, el 15 de febrero de 2012 Emusvil ingresó 251.977,84 euros de un préstamo para pagar a los empleados de Somdeco a través de un acuerdo de cesión de derechos, pero tenían que haber sido 342.235,33 según lo que se acordó en la reunión del consejo de administración. Los afectados han conocido ahora que 90.267,49 euros se destinaron para levantar un embargo de la SGAE en la cuenta de Somdeco que había llegado a través del Juzgado de lo Mercantil y que el equipo de gobierno de PSOE y PA, encabezado por Gemma Araujo, dijo en su día que no se iba a pagar. Por este motivo las nóminas se pagaban desde mayo de 2011 a través de Emusvil.

Más adelante, el 2 de mayo de 2012, se pagó una provisión de fondos a un procurador por un valor de 9.000 euros, mientras que el 20 de junio de 2012 se hizo otra provisión de fondos a otro procurador por otros 9.000.

"Nos quitaron algo más de 100.000 euros cuando el anterior equipo de gobierno ha dicho que los más de 300.000 euros iban a ser sólo para pagar nóminas", indicó Antonio Flores, portavoz del grupo de cinco extrabajadores de la antigua radiotelevisión municipal.

La extinción de los contratos definitiva fue fijada por un juez el 30 de enero de 2015, pero los pagos por parte de Emusvil no se alargaron tanto. Así, un auto con fecha de 12 de noviembre de 2012 acordó el embargo preventivo contra Emusvil "toda vez que se trata de una empresa municipal que ha venido asumiendo el abono de la nómina de los trabajadores de Somdeco desde mayo de 2011, adquiriendo el expreso compromiso, mediante acuerdo unánime del consejo de administración, de fecha 17 de octubre de 2011, del pago de la deuda de los trabajadores de esta mercantil hasta tanto sea efectiva la extinción colectiva de contratos que se solicitó a la autoridad laboral de la Junta de Andalucía". Este auto fue recurrido en reposición por Somdeco, que ya estaba en proceso de liquidación, y fue desestimado el 25 de enero de 2013, como también fue desestimado en suplicación ante el TSJA el 30 de octubre de 2014.

El grupo de afectados que ha conseguido que el caso pase a la vía penal también conoció recientemente, en este caso a través del concurso voluntario de acreedores en el que está inmersa la sociedad, que la empresa que gestionaba la radiotelevisión municipal de La Línea tenía en 2014 1.155.666,50 euros pendientes de cobro por prestación de servicios de publicidad que fueron realizados y no cobrados. El dato está reflejado en el inventario de bienes y derechos de la masa activa elaborado por el administrador concursal de la sociedad y que obra en poder del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, el encargado de llevar el proceso. El principal deudor de Somdeco es una empresa denominada Diseños Urbanos, que adeuda unos 800.000 euros.

Después de que varios de los extrabajadores declararan hace un par de semanas ante la Policía Nacional, que elaboró un atestado de los despidos, los afectados comenzarán a declarar ante el juez a partir del día 21 de este mes.