El atestado elaborado por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de La Línea sobre los despidos de los empleados de la radiotelevisión municipal de La Línea en 2011 recoge que el anterior equipo de gobierno, liderado por la socialista Gemma Araujo, no tuvo motivos para que el cierre de sus instalaciones se efectuara de forma "tan urgente y sorpresiva". El documento también señala que los agentes han realizado varias gestiones ante la Junta de Andalucía, todas infructuosas, para poder obtener la documentación sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que inició el liquidador de la sociedad, el por entonces edil socialista Francisco Espada, y que fue denegado, según explicaron los afectados, porque faltaba algún requisito para que fuera admitido.

Para la elaboración de este atestado, que ya obra en poder del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea, los agentes tomaron declaración de varios de los trabajadores despedidos de la Sociedad Municipal de Comunicación (Somdeco), que explicaron que el 7 de diciembre de 2011 fueron desalojados de su puesto de trabajo y a continuación se cambió la cerradura de las instalaciones de Somdeco, a las que no pudieron volver a entrar.

El inventario de bienes del administrador concursal no coincide con los que había

En cuanto al ERE que no entró en vigor, el atestado señala que se antoja necesario obtener la documentación que fue remitida por parte del Ayuntamiento ala Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para comprobar si se había incurrido en algún ilícito penal en su tramitación por parte del liquidador.

Los empleados de la extinta radiotelevisión municipal comparecieron ante el juez a finales de enero y en próximas fechas continuará el proceso judicial por la vía penal después de que por lo Social los trabajadores sólo hayan logrado que la Tesorería General de la Seguridad Social dictara un oficio en el que acordó la tramitación de oficio del alta de los extrabajadores en Somdeco entre el 20 de marzo de 2012 y el 30 de enero de 2015.

El documento elaborado por la Policía Judicial también recoge, según lo que explicaron los empleados de la sociedad municipal, que el inventario de bienes que el administrador concursal presentó en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz es muy inferior al que los afectados dejaron en las instalaciones de la radiotelevisión cuando se cambió la cerradura de su centro de trabajo.

Sobre las causas que propiciaron la liquidación de la Sociedad Municipal de Comunicación, el atestado indica que fueron meramente económicas, aunque recalca que la quiebra económica de la radiotelevisión no era el salario que percibían sus empleados porque esta cantidad sólo representaba el 20% de los ingresos que el Ayuntamiento transfería a Somdeco. Por este motivo la Policía Nacional estima que sería necesario realizar un estudio pormenorizado de la contabilidad de la sociedad. A julio de 2011 Somdeco tenía una deuda global de unos 2 millones de euros, pero según el inventario de bienes y derechos de la masa activa de la empresa municipal elaborado por su administrador concursal, la radiotelevisión aún tiene servicios de publicidad que fueron realizados pero no cobrados por un importe de 1.155.655 euros.

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría linense elaboró entre noviembre y diciembre del año pasado el atestado sobre los despidos de los trabajadores de la extinta radiotelevisión municipal (Somdeco) después de que la Fiscalía de Área de Algeciras admitiera a trámite una demanda interpuesta por cinco extrabajadores.

El expediente consta de unos 100 folios y contiene declaraciones de los propios empleados, que relataron los detalles desde que el equipo de gobierno encabezado por Gemma Araujo (PSOE) cambió la cerradura de su lugar de trabajo el 7 de noviembre de 2011, hace ya más de cinco años, hasta los hechos más recientes, como la tramitación del alta laboral por la Seguridad Social entre el 20 de marzo de 2012 y el 30 de enero de 2015, el tiempo que transcurrió desde que los trabajadores fueron despedidos hasta la extinción efectiva de los contratos fijada por el juzgado de lo Social.

La Fiscalía puso en manos del juzgado número 2 de La Línea el caso, que continuará con el proceso en próximas fechas.