El Ayuntamiento de La Línea encargará, en el pleno que tiene lugar este jueves, un estudio a los servicios jurídicos con objeto de interpretar "el silencio administrativo" y qué se puede hacer en relación al procedimiento administrativo que ha iniciado el municipio para su conversión en Ciudad Autónoma, un estatus similar al de Ceuta y Melilla.

La Línea espera desde el 11 de abril una respuesta del Consejo de Ministros a una solicitud de convocatoria de una consulta popular para testar la respuesta de la población a la conversión de municipio de Andalucía a Ciudad Autónoma. Este jueves, Juan Franco, en una entrevista concedida a Canal Sur ha expuesto que "la legislación administrativa establece un plazo de tres meses de respuesta que, dado que se remitió el 11 de abril, debió expirar el 11 de julio", según las cuentas que ha hecho el propio alcalde, para colegir entonces que "el silencio es positivo, aunque no nos vamos a lanzar a las bravas a efectuar la convocatoria de la consulta, es un tema tan delicado, si el Consejo de Ministros nos va a contestar o no". 

En el marco de la entrevista Franco fue cuestionado si la bandera de Andalucía dejaría de ondear en La Línea de alcanzar el estatus de Ciudad Autónoma, a lo que el edil linense ha asegurado: "Es una cuestión de sentarnos a hablar, de ver las posibilidades", una frase que pronunció antes de apelar a que el municipio afronta "problemas de tal calado" que ha esgrimido la vía del artículo 144 de la Constitución Española, que contempla la creación de "una Comunidad Autónoma de ámbito territorial inferior al provincial si se dan cuestiones de interés nacional", momento en que ha blandido: "Somos frontera del único territorio de España que mantiene una reivindicación territorial activa".

Tras apuntar problemas como que "somos el municipio de más de 50.000 habitantes con menor esperanza de vida, con menor nivel de renta, con mayor ratio de desempleo, con los problemas de narcotráfico", Franco ha reconocido la necesidad de revertir la imagen de La Línea tras describir que "los inversores que nos llegan perciben que no es el sitio más adecuado".

Franco ha enumerado otros objetivos asociados a la conversión en Ciudad Autónoma como es responder al hecho de que "hay 11.000 habitantes que viven en La Línea y trabajan en Gibraltar, están cotizando en un fondo de pensiones extranjero, les queda una pensión ridícula y eso repercute en el municipio", a lo que ha sumado el hecho de que "funcionarios de la Policía Nacional, la Guardia Civil, jueces, fiscales, médicos, enfermeros no quieren venir aquí porque sienten que es una ciudad insegura", de ahí que haya reclamado "un tratamiento diferenciado para estos cuerpos para que tengamos una sanidad y educación de más calidad".

La última meta asociada a alcanzar la condición de Ciudad Autónoma es contar "con un régimen fiscal diferenciado" porque "somos pared con pared con Gibraltar y a raíz del Brexit las empresas se han marchado", por lo que Franco ha abogado por tener un régimen fiscal diferenciado para que estas empresas regresen al municipio.