La exalcaldesa socialista Gemma Araujo y el ex teniente de alcalde Francisco Espada declararon ayer en los Juzgados de La Línea como testigos en el caso que investiga los despidos de los 21 trabajadores de la Sociedad Municipal de Comunicación (Somdeco) en noviembre de 2011. Espada reconoció, a preguntas del abogado de los afectados, que fue el encargado de dar la orden del cierre de las instalaciones por un uso indebido de los teléfonos, según informó a este diario el portavoz de los extrabajadores, Antonio Flores.

Flores explicó que Araujo y Espada declararon por separado y por espacio de más de una hora cada uno, y que salieron alrededor de las tres de la tarde de la sede judicial. También estaba prevista para ayer la declaración del que era secretario del consejo de Emusvil, José Alfonso Ruiz Pau, cuando la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de La Línea (Emusvil) se comprometió a hacer frente a los pagos de las nóminas de los trabajadores de la radiotelevisión, pero fue aplazada por falta de tiempo.

Flores también lamentó que Araujo que se encarara con él porque creía que le estaba haciendo fotografías con su teléfono móvil. El portavoz del grupo indicó que tanto él como el resto de trabajadores de Somdeco que se dieron cita en el Juzgado no le realizaron fotos y que no tuvieron problemas en mostrar sus teléfonos a los agentes de la Guardia Civil.

Antonio Flores indicó que el abogado de los afectados realizó más de una veintena de preguntas tanto a Araujo como a Espada, entre ellas sobre quién dio la orden de cierre de las instalaciones de Somdeco. Según explicó el portavoz de los afectados, Araujo dijo que no lo sabía, pero Espada reconoció que él dio la orden por un uso indebido de los teléfonos. También fueron cuestionados por las deudas de Somdeco, por el millón de euros pendiente de ingresar por publicidad o por lo bienes de la sociedad que ya no están en las instalaciones. Prácticamente toda la responsabilidad del cierre de Somdeco recayó en la gestión de la etapa de Juan Carlos Juárez. Entre otras cosas, según explicó Flores, recordaron al juez que Juárez abrió una oficina en Bruselas que se pagaba con dinero de la sociedad.

El portavoz de los afectados quiso dejar constancia de la presencia del abogado Luis Landero, que también trabaja para el Ayuntamiento. Aunque no entró en la sala, acompañó en la entrada y la salida a los Juzgados tanto a Araujo como a Espada y dialogó con el abogado de los extrabajadores.