Detenida por estafar 100.000 euros a comunidades de vecinos
La Policía Nacional arresta a M. A. L. M., de 43 años, como supuesta autora de los hechos. También lo fue en 1997 en Marbella por un caso de similares características
La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) del Cuerpo Nacional de Policía detuvo a M. A. L. M., de 43 años, a la que se acusa de ser la supuesta autora de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación.
Según la denuncia interpuesta en la comisaría, esta mujer llevaba tres años trabajando como empleada de confianza en un despacho de abogados dedicado, entre otros cometidos, a gestionar comunidades de vecinos y habría estafado supuestamente más de 100.000 euros a sus clientes.
El trabajo de M. A. consistía en la administración de documentación, gestión de comunidades y gestión de cuentas bancarias a través de internet.
Cuando la detenida dejó de gestionar una comunidad de vecinos de La Alcaidesa y se encargó de la misma otro administrador de fincas, éste se dio cuenta de que existían unos impagos que ascendían a un total de 19.809 euros.
Los nuevos administradores informaron de que A. M. no les dejó contactar con el despacho para el que trabajaba y alegó que ella era la persona competente en esta materia. Además se comprometió a resolver los impagos.
Según señaló ayer en un comunicado la Policía Nacional, ésto lo hizo a espaldas de la administradora mediante la transferencia de dinero de otras comunidades a la primera.
De esta forma movió de las cuentas de otras comunidades de vecinos a la de La Alcaidesa las siguientes cantidades: 2.039 euros, 3.039 euros, 3.039 euros, 795 euros, 3.039 euros y 2.039 euros. Las operaciones se realizaron los días 10 y 11 del pasado mes de marzo.
El modus operandi consistía en apropiarse el dinero de las comunidades mediante cheques al portador justificando estos pagos de diferentes formas: conceptos que no se realizaban, conceptos dejados en blanco, duplicando dichos conceptos y falsificando relaciones de gastos, entre otras cosas.
Los hechos tuvieron lugar durante los años 2009 y 2010, y la cantidad defraudada supera los 100.000 euros, divididos en ocho comunidades de vecinos, además de la propia administradora, que es la responsable del despacho y que fue la que denunció a su empleada por usar su firma de manera fraudulenta. Los agentes encargados del caso constataron que esta mujer ya fue detenida en Marbella por hechos similares en 1997. Entonces fue la Audiencia Provincial de Málaga la que se hizo cargo del caso.
La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial una vez que los policías reunieron las pruebas necesarias para acusarla. Luego fue puesta en libertad con cargos.
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