Coches precintados por orden judicial permanecen estacionados en la calle

Varios vehículos precintados por orden judicial permanecen estacionados en plena calle, junto a los juzgados y a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

Están aparcados junto al solar donde estaba el mercado de mayoristas de la calle Jardines, según pudo comprobar en la mañana de ayer este diario.

Las personas que transitaban ayer por este lugar se veían sorprendidas por varios automóviles con escritos en los parabrisas en los que constan datos del proceso judicial al que están sometidos así como un precinto que los rodea.

Según pudo saber Europa Sur, estos vehículos permanecen en la vía pública debido a la deuda que mantiene la Consejería de Justicia con los depósitos judiciales de la comarca, lo que está haciendo inviable que puedan ser trasladados a los mismos.

Aunque en la comarca este problema se viene registrando desde el pasado mes de agosto, en La Línea es relativamente nuevo. Así, según confirmaron a esta redacción fuentes policiales, esta circunstancia lleva unas semanas produciéndose en esta ciudad.

Estos vehículos están de este modo expuestos a todo tipo de actos vandálicos, como arañazos, rotura de cristales o daños en los neumáticos, ya que permanecen estacionados en plena calle y al alcance de cualquier desaprensivo.

Tal y como publicó el pasado verano Europa Sur, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía adeuda 45 millones de euros a los depósitos judiciales de la comarca, en concreto a cuatro empresas dedicadas a la custodia de bienes que emprendieron una huelga el 1 de agosto para exigir un compromiso de pago por los servicios prestados durante diez años.

El delegado provincial de Justicia, Domingo Sánchez Rizo, se reunió tras esta denuncia pública con estos empresarios para buscar soluciones y aseguró que la Junta les pagaría pero sólo las cantidades que entienda les correspondan.

Esta situación ha llevado a que estos hechos se estén repitiendo en toda la comarca ya que los depósitos se han negado a aceptar los bienes intervenidos por los órganos judiciales y no hay espacio para estacionarlos y custodiarlos en las dependencias de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

De hecho, estos vehículos están sujetos a depósito judicial y no policial, por lo que, en principio, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía no tienen por qué encargarse de su custodia.