La denuncia por la factura del Festival de Música de Jimena se cierra con una sentencia de conformidad después de doce años

Jimena/El caso Gremio, cuyo procedimiento judicial se abrió en 2013 a raíz de una denuncia del PP por un supuesto caso de prevaricación por parte del gobierno municipal del PSOE en Jimena, durante los años 2007 a 2011, se ha cerrado este martes con una sentencia de conformidad. La causa tiene su origen en una denuncia interpuesta por la empresa Gremio, Animación y Servicios Socioculturales SL, organizadora de varias ediciones del Festival de Música de Jimena, por la que reclamaba al Consistorio una deuda de 239.560,11 euros, incluidos los intereses de demora por los gastos que generaron las ediciones de 2005, 2006 y 2007.

El reconocimiento de esta deuda fue aprobado en el Pleno celebrado el 22 de marzo de 2010 con informes negativos de la Intervención muni. En noviembre de 2013, el Partido Popular, con Guillermo Ruiz como alcalde, presentó una denuncia al entender que el anterior gobierno del PSOE cometió prevaricación al ordenar un pago de 351.542,70 euros a la promotora.

El Ministerio Fiscal pedía para el que fuera alcalde, Pascual Collado, y cinco concejales por el delito de prevaricación 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y 5 años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos, con un pago por responsabilidad civil de 115.000 euros. La acusación particular pedía 10 años de inhabilitación y 230.000 euros de responsabilidad civil.

El acuerdo alcanzado por la defensa, ejercida por los letrados Antonio de Felipe Segovia y Juan Ignacio Iglesias Triay, con la Fiscalía y la acusación particular consiste en la retirada de la acusación por la malversación, retirar el delito de responsabilidad civil y mantener una condena por prevaricación, que está penada con siete años de inhabilitación, pero que de queda en 3 años y 6 meses al aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas.

El Ayuntamiento de Jimena, con IU en el equipo de gobierno, se personó como acusación particular en 2019 y recordó que, según la denuncia interpuesta en su momento, el convenio de organización del festival consideraba que la empresa operaba a riesgo y ventura, en función de la venta de entradas.

Frente a esto, el PP sostuvo que el gobierno del PSOE aprobó durante su etapa en el Consistorio jimenato el pago de ese dinero con dos informes en contra, el de la Intervención municipal y otro de la Diputación Provincial de Cádiz.