Picardo tilda de "franquista" y "medieval" la postura de España sobre Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha tildado la postura de España sobre la soberanía del Peñón de "franquista" y "medieval" durante su intervención en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que abordaba este martes 17 de junio la reunión sobre el proceso de descolonización de Gibraltar en el Comité Especial de Descolonización o Comité Especial de los 24 (C-24).

El líder gibraltareño ha defendido el principio de autodeterminación para Gibraltar y el respeto a su integridad territorial —refiriéndose a las aguas y terrenos no incluidos en el Tratado de Utrecht de 1713— como "derecho inalienable de los gibraltareños" .

El ministro principal de la roca ha señalado que la referencia al Tratado de Utrecht por parte de España hace caso omiso a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. "Llevamos en la lista del Comité de Descolonización desde hace 60 años, dejen de no actuar y empiecen una misión de visita a Gibraltar con el apoyo de mi pueblo y la potencia administradora (Reino Unido)", ha expresado el líder gibraltareño.

Esta reivindicación británica y gibraltareña no deja de ser contradictoria, pues, mientras se alude a la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 para invalidar el Tratado de Utrecht, se justifica la presencia británica basándose en el mismo tratado colonial del siglo XVIII.

Picardo ha tratado de deslegitimar las posiciones y resoluciones jurídicas favorables a la postura española hablando del contexto en el que fueron formuladas algunas de ellas (durante el régimen franquista, bajo el mismo comité internacional) y considerándolas por todo ello "medievales". "Nada cambiará nuestro deseo de seguir siendo 100% británicos", ha defendido, insistiendo en que "todo nuestro territorio —istmo y aguas incluidos— debe permanecer intacto durante el proceso de descolonización".

No obstante, Picardo ha aplaudido el enfoque positivo del actual gobierno español al reconocer a Franco como un "brutal dictador". Sin embargo, ha lamentado que el ejecutivo dependa, según sus palabras, "de las inútiles resoluciones que él persiguió", refiriéndose a la reclamación de la soberanía española que el dictador comenzó hace 60 años en el marco de este comité internacional.

Picardo ha hecho referencia a los nuevos acuerdos alcanzados entre España, Reino Unido y la Unión Europea, celebrando el futuro prometedor que se presenta con la firma del tratado, previsto para otoño de este año.

"Dejando a un lado y sin tocar la cuestión de la soberanía, creemos que podemos ver una nueva asociación para la prosperidad de nuestro pueblo. Un nuevo comienzo para que toda nuestra región se convierta en un polo de inversión procedente de fuera de la UE. Un futuro con más y mejores empleos y unas relaciones humanas más sólidas y mejores", ha defendido Picardo, quien ha insistido en que la cuestión de la soberanía no se tratará en este futuro tratado.

Convención sobre el Derecho del Mar de 1982

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), adoptada en 1982 y en vigor desde 1994, es el marco jurídico internacional que regula todos los aspectos relacionados con el uso y conservación de los océanos y mares. Esta convención establece los derechos y obligaciones de los Estados costeros sobre las aguas que los rodean y determina zonas marítimas específicas, como el mar territorial (hasta 12 millas náuticas), la zona contigua, la zona económica exclusiva (ZEE, hasta 200 millas) y la plataforma continental.

Entre sus objetivos principales están garantizar la libertad de navegación, proteger el medio marino, promover la explotación sostenible de los recursos oceánicos y resolver disputas marítimas entre Estados mediante mecanismos internacionales.

Uno de los aspectos más relevantes de la Convemar es que reconoce derechos soberanos sobre los espacios marítimos adyacentes al territorio continental, algo que ha generado fricciones en casos como el de Gibraltar, donde el Reino Unido reclama aguas territoriales que España no reconoce, aludiendo al Tratado de Utrecht de 1713, que solo concedía la soberanía del puerto, pero no de sus aguas circundantes. Esta discrepancia refleja el conflicto entre un tratado histórico bilateral y el marco multilateral contemporáneo del Derecho Internacional del Mar.