El Tribunal Supremo del Reino Unido anunciará este martes, si el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, se ajustó a la legalidad al suspender el Parlamento durante cinco semanas.

Los once jueces del tribunal, presidido por la magistrada Brenda Hale, deben decidir si Johnson trató de silenciar a las cámaras legislativas en las semanas previas a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tal como argumentan parlamentarios escoceses, la activista Gina Miller y el ex primer ministro John Major, también conservador.

La Corte de Apelación de Escocia dictaminó que la decisión de Johnson fue ilegal. El Tribunal Superior de Inglaterra, en cambio, consideró que la cuestión no compete al poder judicial. Ahora le compete a la máxima instancia del Reino Unido establecer ahora una sentencia definitiva. Está previsto que el Supremo dé a conocer su decisión mañana en torno a las 8.30 (hora española).

Las dos cámaras de Westminster quedaron clausuradas el pasado 9 de septiembre y se prevé por ahora que las sesiones no se reanuden hasta el 14 de octubre, cuando la reina Isabel II inaugurará un nuevo curso parlamentario.

Si el Supremo otorga la razón al Gobierno, el Parlamento se mantendrá suspendido hasta la fecha prevista. En caso de que los jueces consideren que Johnson no actuó conforme a la legalidad, la reapertura de las cámaras dependerá de los términos en los que esté redactada la sentencia.

El propio Ejecutivo ha avanzado tres posibles escenarios en caso de que pierdan el caso en los tribunales:

• El tribunal puede dictaminar que la suspensión fue ilegal, aunque su argumentación puede dejar abierta la puerta a que el Gobierno vuelva a prorrogar el Parlamento durante el mismo periodo de tiempo, pero por un procedimiento legal.
• Los jueces pueden decidir que la única opción legal es que el primer ministro ordene reabrir el Parlamento antes del 14 de octubre. En ese caso, sería necesario organizar una ceremonia de reapertura de las cámaras antes de lo previsto.
• Por último, el Supremo puede declarar ilegal la suspensión y considerar que el Parlamento nunca ha entrado en receso, por lo que las sesiones podrían continuar con normalidad. En este caso, el Gobierno considera que podría volver a intentar suspender el periodo de sesiones.

Uno de los dos procesos contra la decisión de Johnson se inició en los tribunales ingleses por iniciativa de la activista y empresaria Gina Miller, a la que se sumó el ex primer ministro John Major. "La duración excepcional del periodo de suspensión en este caso es una clara prueba de que el motivo del primer ministro era silenciar al Parlamento durante este periodo, porque ve al Parlamento como un obstáculo para avanzar hacia sus objetivos políticos", sostuvo ante el Supremo el abogado de Miller, David Pannick.

El segundo proceso, en Escocia, lo inició un grupo de 75 parlamentarios, encabezados por la diputada del Partido Nacionalista de Escocia (SNP) Joanna Cherry. El letrado que representa a ese grupo, Aidan O'Neill, sostuvo que la suspensión del Parlamento responde a "motivos espúreos", para evitar el escrutinio de las cámaras legislativas.

El abogado del Estado para asuntos escoceses, Richard Keen, en representación del Gobierno, indicó por su parte que los tribunales "no deben cruzar la frontera e inmiscuirse en los asuntos parlamentarios". El letrado aseguró que el Ejecutivo dará "todos los pasos necesarios para cumplir con cualquier dictamen de los tribunales". Al ser cuestionado durante el juicio por la posibilidad de que Johnson trate de prorrogar el Parlamento de nuevo, detalló que esa "sería una decisión del primer ministro".