Gibraltar puede vivir con "una frontera dura" mientras sea "una frontera colaborativa". Así lo explicó el ministro principal, Fabián Picardo, al comité de la UE de la Cámara de los Lores durante una sesión sobre el Brexit y Gibraltar. Durante su intervención el jefe del Gobierno gibraltareño subrayó que el Peñón, con el fin de mantener el acceso al mercado único, estudiaría la posibilidad de establecer una relación de micro-estado con la Unión Europea, dentro de las negociaciones más amplias del Reino Unido.

Picardo estuvo acompañado en Westminster por el viceministro principal, Joseph García y el Fiscal General, Michael Llamas.

El Comité preguntó al Ministro Principal sobre la razón que estaba detrás del apabullante resultado del 96% de gibraltareños a favor de permanecer en la UE en el referéndum del 23-J, la reacción del Peñón al resultado global y las implicaciones económicas y humanas del Brexit.

Fabián Picardo explicó que la mayor preocupación para Gibraltar gira en torno a la aplicación del régimen de frontera exterior de la Roca con España, así como con el acceso al mercado único de la UE.

Durante la sesión que se prolongó por espacio de una hora, el comité escuchó en detalle sobre la relación de Gibraltar con la UE y sus preocupaciones sobre el impacto potencial del Brexit en la libre circulación en la frontera.

Picardo recordó a los miembros del Comité que España pertenece al Tratado de Schengen, mientras que Gibraltar no y lo mismo es aplicable a la pertenencia a la Unión Aduanera de la UE. "Este es el tipo de frontera dura, por el que la gente está preocupándose", dijo Picardo. Y si bien no había duda de que España había utilizado la frontera como argumento político en el pasado, también han habido períodos en los que el flujo fronterizo era fluido. La clave, dijo al comité de los Lores, era " la buena voluntad y la buena fe en ambos lados".

En esta línea, la Cámara de los Lores británica pidió ayer que se deje claro "inmediatamente" que se garantizarán los derechos de los comunitarios que estén en el Reino Unido cuando se produzca el brexit. Un documento del subcomité de Justicia comunitaria de los lores señala que el Gobierno tiene la "obligación moral" de aclarar esta situación y no tiene que esperar a terminar las negociaciones sobre la retirada para aclarar el futuro de estos ciudadanos.

El futuro de los casi tres millones de europeos que viven en el Reino Unido es aún incierto mientras se espera que el Gobierno active el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia un proceso formal de dos años sobre los términos de la salida del país.

El Gobierno ha indicado que es su intención garantizar los derechos de los comunitarios, siempre y cuando haya una medida recíproca para los británicos que viven en otros países de la Unión Europea (UE).

El documento subraya que el derecho de residencia de los comunitarios que llevan cinco años o más viviendo en un país miembro del bloque europeo es fundamental en el derecho comunitario. Los lores agregan que consideran grave si hay una pérdida de derechos de ciudadanía para los comunitarios que están en el Reino Unido y para los británicos que están en la Europa continental.

"El Gobierno tiene una obligación moral de hacer inmediatamente una declaración unilateral para salvaguardar los derechos de ciudadanía comunitaria de todos los nacionales de la UE en el Reino Unido cuando el Reino Unido se retire de la UE", dice en el informe la baronesa Kennedy of The Shaws, presidenta del subcomité, quien agrega que una declaración del Gobierno sobre esta situación ayudará a que haya un "compromiso recíproco" por parte de otros países europeos sobre los británicos en la UE.