El Parlamento de Gibraltar aprobó el pasado jueves, 25 de febrero, la incorporación del Tratado Fiscal con España a la legislación del Peñón. Lo hizo con los votos a favor de los diputados de GSLP, Liberales y Together Gibraltar. Los diputados del partido GSD votaron en contra. El principal objetivo de este tratado, que ya fue aprobado por el Congreso y el Senado de España, es poner coto a las prácticas financieras ilegales y a la competencia fiscal desleal del Peñón.

Este acuerdo es el primer tratado internacional que firman España y Reino Unido sobre Gibraltar desde el tratado de Utrech de 1715 por el que España cedió el uso del Peñón a los ingleses y forma parte del paquete de acuerdos a los que han llegado España y Reino Unido para asegurar una salida ordenada de Gibraltar de la UE a consecuencia del Brexit.

En el discurso que ofició en el Parlamento, el ministro principal, Fabián Picardo, recalcó que su aplicación "no perjudica la posición sobre la soberanía, jurisdicción o control" del Peñón y destacó que la existencia del tratado hace "totalmente insostenible la acusación española de que Gibraltar es un paraíso fiscal". El reconocimiento de un régimen fiscal distinto también es importante para Picardo, ya que considera que ante la eliminación de la frontera física, el tratado "marcará nuestra soberanía en cuestiones fiscales con mayor claridad que nunca".

Objetivos del tratado

El ministro principal aclara que el propósito del tratado es "mejorar y aumentar la cooperación administrativa en cuestiones fiscales, asistir en la resolución de disputas sobre residencia fiscal y evitar incidencias de doble imposición entre Gibraltar y España" a través de la adhesión a los nuevos estándares fiscales internacionales.

La intención de Gibraltar con la firma de este documento es "reforzar nuestros lazos empresariales internacionales, atraer el comercio internacional y buscar ampliar y expandir la red de acuerdos y tratados con posibles socios en un mundo post-Brexit". El ministro principal ha destacado también que su Gobierno "desea que Gibraltar quede eliminado de cualquier lista negra internacional, dado que ello tendría beneficios positivos y de gran alcance". 

Picardo afirma que la principal preocupación de España ha sido la pérdida de ingresos fiscales. "Gibraltar tiene impuestos más bajos y no recauda impuestos sobre ingresos por capital, patrimonio o ahorros. Por lo tanto, es posible emplear estructuras transfronterizas complejas para explotar estas ventajas y oportunidades de doble no imposición. Este es el daño que España busca evitar". 

En contraposición, el ministro principal asegura que la principal preocupación de Gibraltar era "acabar con los mitos y abordar las irritaciones empleadas de forma permanente y continua por España para atacar nuestra reputación internacional como colectividad financiera respetable y nuestro historial a la hora de cumplir con obligaciones internacionales".

Sin embargo, el máximo responsable del Ejecutivo gibraltareño reconoce que ante el Brexit, "España demostró la voluntad de negociar de forma constructiva cuestiones fiscales transfronterizas". "Este tratado constituye un avance importante y positivo hacia el establecimiento de relaciones más cercanas y es un primer paso inevitable y bien recibido entre estados vecinos con un elevado volumen de tránsito, flujos e intereses comunes transfronterizos. Este espíritu de cooperación y comprensión resulta necesario", destaca el ministro principal.

Diferencias entre los dos sistemas fiscales 

Picardo explica que España cuenta con un sistema fiscal que requiere establecer la residencia a efectos de imposición. "El sistema fiscal de Gibraltar se basa principalmente en la fuente y simplemente grava los ingresos allí donde se generan. Estas notables diferencias han sustentado el marco sobre el cual se basa el tratado, que no cambia esta situación. La facilidad a la hora de cruzar la frontera y las normas fiscales correspondientes permiten a un individuo ser residente fiscal tanto en Gibraltar como en España. Este es el motivo por el cual la postura por defecto en el tratado busca establecer la residencia fiscal únicamente en España. No ha sido diseñado de forma intencionada para favorecer o dar una ventaja a España, únicamente refleja la realidad", reconoce el ministro principal, que aclara que tendrá "poca o ninguna consecuencia para Gibraltar, dado que nuestro sistema fiscal territorial asegura que los ingresos se recauden independientemente de la residencia".

Las normas del tratado, recuera Picardo, "limitan la libertad de los ciudadanos españoles para cambiar su residencia fiscal a Gibraltar a partir del 4 de marzo de 2019. Los ciudadanos no españoles y gibraltareños registrados también retienen la residencia fiscal en España durante cuatro años inmediatamente posteriores a su cambio de residencia desde España a Gibraltar. Sin embargo, esto solamente se aplicará si los ciudadanos españoles pasan al menos un ejercicio fiscal completo en España antes del cambio de residencia y cuatro años en el caso de gibraltareños registrados".

Beneficios de Gibraltar

Picardo entiende que Gibraltar obtiene diversos beneficios y ventajas: "La existencia del tratado hace totalmente insostenible la acusación española de que Gibraltar es un paraíso fiscal. El nivel de cooperación y transparencia acordado iría completamente en contra de ello". 

"El tratado iniciará el proceso de retirada de Gibraltar de la lista de paraísos fiscales en el Congreso español, lo que tendrá un impacto positivo sobre nuestra reputación internacional y una probable reacción favorable por parte de países que actualmente también incluyen a Gibraltar en listas negras", indica Picardo, que también destaca que el Peñón ha sido admitido en el Marco Inclusivo y el Proyecto BEPS de la OCDE, "una estrategia global desarrollada para combatir la planificación fiscal por multinacionales que trasladan sus beneficios desde jurisdicciones con impuestos más elevados a otras con impuestos más bajos".

Otro éxito importante para Picardo es "el reconocimiento de España de un sistema fiscal separado y distinto en Gibraltar. Al hacerlo, España acepta nuestra autonomía y soberanía en cuestiones fiscales y la aceptación por parte de España del estatus legal de los gibraltareños".

Frontera física y fiscal

Picardo reconoce que es posible que sea necesario modificar algunos artículos del tratado una vez que Gibraltar quede fuera de la lista negra española, algo que asegura se podrá negociar a medida que la relación se vaya desarrollando.

El ministro principal hace hincapié en que en el marco de la relación futura con la UE y la eliminación de la frontera terrestre con España, "este tratado crea una barrera fiscal que refuerza nuestra base impositiva y nuestro reconocimiento como territorio independiente y autónomo, marcando nuestra soberanía en cuestiones fiscales con mayor claridad que nunca".

Picardo finalizó su discurso con esta idea: "La oposición en España considera que el tratado es una enorme concesión por parte del Gobierno español. La oposición en Gibraltar lo considera una enorme concesión por parte del Gobierno de Gibraltar. Ambos no pueden tener razón", sentenció.