El principio de acuerdo sobre Gibraltar alcanzado por los gobiernos de España y Reino Unido el pasado 31 de diciembre recoge de forma expresa la supresión de la Verja para permitir el libre tránsito de personas y mercancías entre el Peñón y el territorio español, pero establece para ello que la colonia se sume al sistema aduanero de la UE, active "en lo sustancial" los mismos tipos de IVA y aranceles existentes en España para evitar "distorsiones en el mercado interior, especialmente en la economía" del Campo de Gibraltar, y aplique las mismas restricciones por razones de seguridad. El Peñón, además, deberá dar cuenta de manera fiable de sus importaciones, con una alusión específica al tabaco, cuya venta representa a día de hoy una importante parte de sus ingresos.

Estos son algunos de los principales puntos que aparecen en el citado pacto, cuyo texto publica este lunes El País, y en el que se explicita que España contará con presencia policial, junto con las autoridades gibraltareñas, en el control de las fronteras de la roca situadas en su puerto y aeropuerto. Para esta "solución a la medida", contarán con el apoyo de Frontex, la agencia europea de seguridad de fronteras.

El compromiso, que servirá de base a la negociación que la UE desarrollará en este semestre con Reino Unido para poner al acuerdo los puntos y comas, deja aparcado el debate sobre la soberanía de Gibraltar y subraya de forma explícita que ninguno de los dos países renuncia a sus históricas posiciones al respecto.

En materia impositiva, el acuerdo subraya también la necesidad de que Gibraltar desarrolle impuestos especiales para "productos sensibles" -no solo sobre el tabaco, sino también sobre los combustibles y las bebidas alcohólicas- que hacen que el diferencial de precios respecto a España sea enorme en la actualidad, ejerciendo una competencia desleal respecto a las empresas que se dedican a la comercialización de estos productos a este lado de la Verja.

Sobre el tabaco y para evitar el contrabando, el acuerdo recoge que se asegurará su trazabilidad, a fin de conocer su origen y destino, mediante "acuerdos administrativos entre España y las autoridades de Gibraltar", que desarrollarán su cooperación mutua en esta área.

En este nuevo contexto, España, "como estado vecino miembro de Schengen, será responsable de la implementación" de los controles fronterizos en Gibraltar, lo que incluye "el código de fronteras y la protección de sus límites exteriores". La puesta en práctica del control de fronterizo conjunto en el puerto y el aeropuerto será algo compleja: Gibraltar autorizará o denegerá la entrada al visitante y España decidirá a renglón seguido si entra en el área Schengen.

España será la responsable de formalizar los trámites aduaneros de las mercancías que lleguen a Gibraltar con puntos de control en el puerto y el aeropuerto de la colonia, si bien el control será conjunto. "Eliminar las barreras físicas entre España y Gibraltar requerirá reforzar la armonización. Dado el pequeño volumen del tráfico de mercancías de Gibraltar a la UE, los trámites no deberían implicar una excesiva carga administrativa", indica el acuerdo alcanzado.

Frontex: los cascos azules

El papel de apoyo de Frontex se desarrollará durante cuatro años y servirá, al menos sobre el papel, para la implementación de ese sistema de control doble. La llegada de fuerzas policiales españolas a Gibraltar fue uno de los principales escollos de la negociación debido a que España la puso como condición indispensable para el pacto, debido fundamentalmente a su condición de garante de las fronteras de la UE. La oposición de Reino Unido y Londres a este respecto venía dada porque, de facto, supone después de más de trescientos años, el regreso de una autoridad española a la roca.

La presencia de Frontex fue una exigencia llanita y una concesión por parte española cuyos efectos prácticos ya se verán. En sentido figurado y de cara a la galería -especialmente, de puertas adentro del Peñón- los agentes de la agencia europea vendrán a ser una suerte de cascos azules entre dos partes que, aun estando obligadas a trabajar juntas a partir de ahora, se seguirán mirando de reojo. El acuerdo bilateral alude, igualmente, a la necesidad de reforzar la cooperación judicial y policial.

Fondo europeo y transfronterizos

Dado que lo firmado es solo un principio de acuerdo, apenas hay concreción en asuntos que necesitan de más desarrollo. En ese sentido se alude a la creación de un mecanismo financiero de cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, destinado a la formación y al empleo, que minore el escalón social y económico existente entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Su financiación sería con cargo a los fondos de la UE.

En cuanto a los trabajadores transfronterizos (alrededor de 15.000, de los que 10.000 son españoles) se les garantizará igualdad de trato respecto a los gibraltareños en lo referente al empleo, retribuciones y condiciones de trabajo. Su permiso de trabajo les dará acceso preferente al mercado laboral sin limitaciones por ocupación. La solicitud de permiso podrá presentarla tanto el empleador como el trabajador y la mera presentación de la solicitud podría incluir el derecho a desplazarse para buscar empleo. Para asegurar su situación, se les entregará un documento físico para acreditarles como trabajadores transfronterizos.