Culpan a una cadena de farmacias de evadir impuestos vía Gibraltar

La empresa propietaria de la cadena de farmacias Boots -con sede en Gibraltar- ha sido acusada de utilizar un resquicio legal para evitar el pago de más de 1.200 milllones de euros en impuestos a través de una serie de filiales en Luxemburgo, Islas Caimán y el propio Peñón. Según publica Daily Mirror, los empresarios utilizaron los intereses devengados de una deuda de diez mil millones de euros -adquirida para poder financiar la compra de la franquicia hace seis años- para reducir el 95% de sus facturas de impuestos en el Reino Unido.

El sindicato Unite afirma que con los millones defraudados se podría haber pagado 78.000 enfermeras, dos años de tasas de prescripción o financiado 5,2 millones de llamadas de emergencia a ambulancias.

Boots gana casi tresmil millones de euros al año por su venta de medicamentos con receta en el Reino Unido y otros servicios financiados en gran parte por el contribuyente a través del Servicio Nacional de Salud. "La evasión fiscal es ahora parte del ADN de una cultura corporativa británica que está podrida hasta la médula", afirmó el secretario general del Sindicato Len McCluskey.

Boots fue fundada en Nottingham en 1853. En 2007 fue comprada por el multimillonario italiano Stefano Pessina y una firma de capital privado de EE.UU. llamada Kohlberg Kravis Roberts. Trasladó su sede desde Nottingham a Suiza por los bajos impuestos y ahora se gestiona a través de una empresa con sede en Gibraltar. Durante los últimos seis años, a pesar de la obtención de beneficios de explotación de más de 5 millones de euros, las cuentas de Boots muestran que la empresa ha terminado con un crédito fiscal general de 130 millones.

Pero los sindicatos consideran de que, sin sus deudas, Botas habría conseguido otros beneficios de 5 millones de euros que habrían supuesto más de un millón por el el impuesto de sociedades.

En un comunicado, Boots dijo que organiza sus asuntos fiscales en estricto cumplimiento de todas las leyes (incluyendo las del Reino Unido) y cumple los más altos estándares de la ética.

Estas acusaciones llegan justo cuando la Comisión Europea va a abrir una investigación en profundidad sobre el nuevo régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar, introducido en 2010, ante las "dudas graves" de que podría conceder ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, que no tienen presencia real en el Peñón.

La investigación, lanzada por el departamento de Competencia que dirige Joaquín Almunia, responde a una denuncia presentada por España en junio de 2012, a raíz de la cual el Ejecutivo comunitario ya ha realizado un análisis preliminar.

Ahora, Bruselas examinará en particular por qué determinados ingresos pasivos, tales como los royalties y ciertos tipos de intereses, no están sujetos al impuesto de sociedades en Gibraltar. La apertura de la investigación no prejuzga el resultado y da la oportunidad a las partes de presentar observaciones.

En la actual fase de sus pesquisas, el Ejecutivo comunitario considera que esta exención fiscal para los ingresos pasivos de intereses y royalties podría constituir una ayuda estatal porque se aparta del régimen general del impuesto de sociedades. Ello podría conceder una ventaja especial para las empresas que producen este tipo de ingresos. Bruselas cree que no existen motivos válidos que justifiquen estas exenciones. La Comisión ya declaró ilegal en 2004 el anterior régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar. En 2011, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó la decisión de Bruselas y señaló que las medidas concedían ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, sin trabajadores ni locales en Gibraltar, que quedaban exentas del impuesto.