El Gobierno ha destinado una partida de 35.000 euros a un proyecto que estudia cómo puede encarar el Derecho Penal el final de ETA y que propone conceder a los condenados por terrorismo el mismo trato que reciben los presos comunes con el fin de favorecer "un clima de paz social".

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha subvencionado este proyecto de investigación que, bajo el título ¿Qué puede aportar el Derecho Penal para el final del terrorismo de ETA?, ha reunido a catedráticos, abogados y jueces, como el magistrado de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada o el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro.

El equipo de investigación y sus colaboradores tiene un horizonte de tres años para presentar las conclusiones de la memoria, aunque ya ha comenzado a sentar las primeras bases. Pese a que el proyecto se desarrollará entre 2012 y 2014, su coordinador, Antonio Cuerda, ha reconocido que el comunicado de cese definitivo de la violencia anunciado por ETA obliga a "trabajar más rápido" a los expertos.

"Se trata de un proyecto para demostrar que no estamos en nuestra torre de marfil, sino que nos preocupamos por los temas candentes y reales de la sociedad", explica el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Cuerda.

La máxima que ha inspirado este proyecto se sustancia en conceder las mismas medidas -"ni más perjudiciales ni más beneficiosas"- al colectivo de presos de ETA. "El terrorismo ha merecido un trato mucho más duro que otros delitos y no tiene sentido esa mayor dureza, habría que ir a un principio de mayor igualdad entre delitos comunes y de terrorismo", añade.

La violencia perpetrada por ETA durante más de cuatro décadas ha llevado a otorgar medidas más restrictivas de derechos fundamentales para los condenados por terrorismo así como a endurecer el Código Penal en este tipo de delitos, por lo que una disolución de la banda tendría que ir acompañado también de medidas legislativas, judiciales, penitenciarias o de gracia.

Así lo piensa el responsable de la investigación Antonio Cuerda, convencido de que estas actuaciones facilitarían la reinserción de los presos de ETA y el logro de la "pacificación social". "Son delincuentes, eso no lo discutimos, han matado y han asesinado pero tendrían que recibir el mismo trato, no hay motivos para beneficiarles ni para perjudicarles", defiende.

Preguntado sobre la mayor peligrosidad que tienen estos reclusos -que han estado sujetos a las directrices de una organización terrorista- frente a otros presos comunes, responde que las personas dedicadas individualmente al tráfico de drogas o a la trata de blancas también son "muy peligrosas y no se les pide que se arrepientan" del daño causado para obtener la libertad condicional.

"¿Por qué el violador no tiene que pedir perdón para obtener la libertad condicional?", se pregunta el catedrático, que considera que también existen "muchos motivos" para que lo manifiesten a las víctimas y cree que exigir el arrepentimiento sólo a los terroristas es "discriminatorio".

El proyecto también ve "injustificado" que los presuntos terroristas puedan permanecer en periodo de incomunicación hasta un máximo de cinco días o que se les prive del derecho a nombrar abogado de su elección. "Los delincuentes comunes no sufren tales limitaciones", afirma sobre las contempladas en los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estos detenidos, a quienes se les designa abogado de oficio.

En política penitenciaria, propone aumentar la concesión de la libertad condicional para todos los reclusos que cumplan las condiciones, habida cuenta de que sólo el 9% la alcanza, y acercar a los internos a su lugar habitual de residencia con el fin de cumplir con los fines de reeducación y reinserción social previstos en la Constitución.