La Secretaría General del Congreso ha cumplido con la solicitud del juzgado tinerfeño que investiga al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo de entregar los dispositivos electrónicos que tenía en su despacho parlamentario.

Fuentes del Congreso han informado este jueves de que el cumplimiento de la petición judicial tuvo lugar este miércoles, después de que el lunes lo autorizara la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

El Congreso recibió ese día el auto de la titular del Juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife en el que solicitaba la entrega de ese material a la policía, solicitud necesaria dado el carácter inviolable de las Cortes Generales.

La juez pedía acceso policial a los instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, así como a las anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad, actas, extractos, expedientes y documentos registrales, notariales y tributarios.

La Fiscalía pide tres años de cárcel para un constructor

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel por fraude fiscal al constructor de Lanzarote al que investiga un juzgado de Madrid y el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil por obras realizadas por sus empresas en cuarteles del instituto armado en varias provincias.

Según ha adelantado La Provincia y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Ángel Ramón Tejera, se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife (Lanzarote) el 12 de abril para responder por un delito contra la Hacienda pública, relativo a los beneficios de la empresa Angrasurcor de 2016.

El nombre de este constructor lanzaroteño ha tenido gran difusión en las últimas semanas porque aparece en el sumario de la trama de presunta corrupción conocida como caso Mediador.

Aunque no está imputado en ningún delito en esa causa, en los informes de la Guardia Civil consta que se reunió en Tenerife con tres de los principales implicados, el general retirado Francisco Espinosa Navas; el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes; y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.

A los agentes al cargo del caso les llamó la atención en particular la grabación que recoge ese encuentro en la que se escucha una llamada telefónica que recibe el general Espinosa.

Su interlocutor era el coronel José María Tienda, jefe del cuerpo en la provincia en Santa Cruz de Tenerife, una de las comandancias donde han hecho numerosas obras de reparación en los cuarteles en los últimos años las empresas de Tejera, al que los implicados en el "caso Mediador" se refieren por su apodo, "Mon".

El coronel Tienda fue destituido el miércoles por la noche por el Ministerio del Interior por "perdida de confianza", debido a la información que ha aflorado en las investigaciones del Servicio de Asuntos Internos y un Juzgado de Madrid sobre las obras de Tejera en los cuarteles.

En el caso por el que va a ser llevado a juicio en abril, la Fiscalía acusa a Tejera de haber defraudado a Hacienda más de 162.000 euros en 2016 al repercutir en la liquidación del impuesto de sociedades deducciones a las que, supuestamente, no tendría derecho para minorar los beneficios de Angrasurcor y, con ello, la cuota a pagar, según consta en una calificación a la que ha tenido acceso.