Elecciones municipales 2023

El problema de la vivienda salta a las elecciones municipales en el Campo de Gibraltar

Un edificio de viviendas sin terminar, en Algeciras.

Un edificio de viviendas sin terminar, en Algeciras. / Stella Rodríguez

El problema de la vivienda ha saltado a las elecciones municipales después de que semanas antes de que comenzara la campaña, el Gobierno central anunciara primero la puesta a disposición de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social y asequible y más tarde la construcción de casas en terrenos del Ministerio de Defensa. En el Campo de Gibraltar destacan dos municipios por el elevado precio de la vivienda: La Línea y Tarifa. El primero de ellos por la alta demanda de trabajadores en Gibraltar y en la segunda, por su atractivo turístico. Además, Algeciras y San Roque cuentan con un amplio número de personas demandantes de viviendas protegidas. Para paliar estos problemas, los principales partidos que concurren a las elecciones del 28 de mayo llevan distintas propuestas para construir viviendas, muchas de ellas con alquileres sociales o asequibles.

En el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas hay 3.313 familias del Campo de Gibraltar que buscan un hogar a un precio asequible para vivir y solo 824 lo han encontrado con ayuda de las administraciones en los últimos 14 años. La demanda de viviendas afecta sobre todo a Algeciras (1.243), Tarifa (929) y San Roque (502), pero también a La Línea (329), Los Barrios (227), Jimena (43) y Castellar (40).

En La Línea, la formación que dirige Juan Franco tiene en la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana su gran baza para comenzar la construcción de nuevas viviendas. La intención de La Línea 100x100 es que con la aprobación definitiva del nuevo PGOU, prevista para finales de 2023, través de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de La Línea (Emusvil) se adquieran suelos para construir viviendas públicas destinadas a personas con bajos ingresos o jóvenes que no pueden acceder al mercado inmobiliario.

El regidor también explicó en una de las sesiones en el metaverso que la empresa propietaria de los suelos que llevan lustros por urbanizar en El Conchal ha mantenido recientemente una reunión con un fondo de inversión para reactivar la construcción en este sector. El alcalde y candidato a la reelección estima que se puedan construir unas 400 viviendas. Franco también ha anunciado durante la campaña su deseo de que en el próximo mandato se desarrollen los suelos del camino de Sobrevela con usos residenciales y hoteleros. La normativa andaluza establece que el 30% de las nuevas promociones debe destinarse a viviendas de protección oficial.

El PSOE propone el uso de los fondos del Patrimonio Municipal de Suelo para realizar un Plan de Vivienda Pública “que servirá para aumentar la oferta de viviendas, reducir los precios de los alquileres y mejorar el acceso a la vivienda”. “La idea es que el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Emusvil, adquiera suelo procedente de embargos bancarios y de los aprovechamientos urbanísticos y para ello, utilizar los fondos consignados en el Patrimonio Municipal de Suelo, que actualmente tiene más de 20 millones de euros que hasta ahora no se han utilizado para adquirir suelo y promover vivienda pública y así aumentar la oferta de alquileres sociales”, explicó la candidata socialista, Gemma Araujo, en la presentación de su programa.

En Tarifa, el PSOE lleva en su programa la construcción a corto plazo de 55 viviendas de protección oficial en Albacerrado y otras 30 en el Olivar, además de 76 a medio plazo en el sector turístico promovido por Metrovacesa. También contempla la aprobación y ejecución del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, con el que el equipo de Francisco Ruiz prevé la construcción de 550 viviendas asequibles.

Otro objetivo de los socialistas es la elaboración de forma participativa del nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo, haciendo especial hincapié en las medidas que limiten la proliferación de las viviendas con fines turísticos, y la aprobación de un registro de adjudicación de vivienda de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Ganar Tarifa propone la realización de programas que fomenten el alquiler de larga duración, la regulación de viviendas turísticas y la puesta a disposición de 4 millones de euros del patrimonio municipal de suelo para el acceso a viviendas de larga duración. 

El partido de reciente creación Nuevos Aires Tarifa cuenta con una propuesta muy directa: “Podemos entregar 400 VPO en Tarifa en los próximos cuatro años, a una media de 100 viviendas año”, afirma el candidato de la formación localista, Jorge Benítez. Esta fórmula se lograría, explica el partido, a través de la ejecución de un plan parcial en Albacerrado, donde el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar Plantea la creación de nuevas zonas de viviendas, de ellas más de 55% de VPO.

En Algeciras, el PP de José Ignacio Landaluce no lleva en su programa ninguna medida específica en cuanto a vivienda, pero a nivel nacional los populares cuentan con varias propuestas genéricas. La principal es la puesta en marcha de un pacto de Estado en materia de vivienda que cuente con la implicación de las comunidades autónomas y las entidades locales. También plantea ayudas a nivel local a los jóvenes y sectores más desfavorecidos y la reducción de las tasas municipales en la promoción de nuevas viviendas protegidas.

El programa del PSOE de Algeciras recoge la rehabilitación integral del parque de viviendas y la construcción de viviendas en régimen de alquiler. Otra de las medidas contempladas por el equipo de Rocío Arrabal es la creación de bolsas de viviendas de alquiler, en especial para jóvenes de 18 a 34 años.

Adelante Andalucía lleva un amplio apartado en materia de vivienda en su programa. Entre las propuestas destacan el destino de los recursos del Patrimonio Municipal de Suelo a la promoción de vivienda pública y protegida en alquiler, la puesta a disposición de suelo municipal para cooperativas de vivienda en cesión de uso y otras entidades sin ánimo de lucro y adquirir el derecho de uso de viviendas vacías para cederlas en alquiler.

El caso de Castellar es particular, ya que cuenta con un parque de viviendas muy limitado porque no se construyen casas desde hace unos 15 años. Por este motivo el Ayuntamiento está inmerso en la aprobación del nuevo PGOU, que posibilitará el desarrollo de la zona norte de 250 viviendas, de las que, en base al convenio suscrito con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento en el año 2007, un 80% serán de protección oficial. El partido que gane las elecciones tendrá que afrontar este reto.

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