El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, tendrá que acudir en persona el próximo martes a declarar como imputado por la relación de la eléctrica con el ex comisario José Manuel Villarejo, después de que el magistrado que instruye el caso rechazara que sea por videoconferencia.

La compañía  atribuye la citación de Galán a José Antonio del Olmo, un ex directivo de la energética, al que acusa de ser un “testigo falso” al servicio de una estrategia para desestabilizar a Iberdrola, ya que fue quien denunció la presunta trama de facturas falsas.

En los últimos días el  diario digital El Confidencial ha publicado datos que pueden hacer dudar sobre la integridad de Del Olmo.

La compañía vasca ha denunciado las contradicciones del ex empleado ante la Justicia y lo considera el “caballo de Troya” de intereses económicos espurios con la intencional de obtener beneficios económicos a través de la merma reputacional de la compañía.

Los datos publicados por el digital madrileño señalan que el ex directivo de la eléctrica tiene acumulado un enorme patrimonio inmobiliario al que accedió fundamentalmente a través de subastas públicas celebradas tras levantamientos de embargos por parte de entidades bancarias. Son un total de 36 activos, entre los que figuran 14 viviendas, 17 garajes, 2 apartamentos y 3 oficinas.

El patrimonio descrito podría estar valorado en unos 9 millones de euros, una cifra muy alejada –según fuentes de la compañía– de los emolumentos que percibió en su etapa laboral en Iberdrola.   La desconfianza que genera este dato es la baza en la que la compañía se basa para cuestionar los movimientos de su ex directivo.