UGT prepara una avalancha de demandas millonarias contra los ayuntamientos por los interinos y laborales

Los ayuntamientos del Campo de Gibraltar, como muchas otras corporaciones locales de otros lugares de España, se preparan para afrontar el próximo otoño una avalancha de demandas, auspiciadas por UGT, por reclamación de cantidad por parte de muchos empleados públicos que durante años trabajaron en precario para la administración y que, pese a haber logrado su plaza fija gracias a los procesos de estabilización del empleo, se consideran víctimas de un “fraude”. Las cifras que se manejan en concepto de indemnización por los supuestos “abusos sufridos”, como consecuencia la prolongación durante años de esos contratos temporales, se escriben en millones de euros.

En España, aunque los diversos procesos de regulación de trabajadores de las administraciones se habían llevado bajo el principio de que el nombramiento del personal funcionario interino o personal laboral temporal debía ceñirse a casos excepcionales de indudable y estricta necesidad -durante el tiempo imprescindible hasta su cobertura por funcionarios de carrera- la realidad ha mostrado un constante y sostenido aumento de la tasa de empleo temporal.

La juridisprudencia fijada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia de la UE en los últimos años estima que ese tipo de relación laboral devino en “fraude” al superar con creces los límites razonables de tiempo que impone la normativa europea y nacional.

La Ley de Estabilización del sector público

La Ley de Estabilización del sector público de 2021 fijó que el personal laboral o interino que no superase las pruebas para lograr un empleo estable en la administración, y que por ello viera finalizada su relación laboral con ésta, tenía derecho a percibir una “compensación económica”, de hasta un máximo de doce meses de salario, siempre que hubieran permanecido tres o más años con su empleo en precario.

UGT sostiene que, aunque la citada ley no preveía una compensación para quienes superasen las pruebas y lograsen afianzarse en sus empleos, “es obvio que esta circunstancia no obsta a que deba materializarse una compensación económica ateniendo al fraude de ley en el que se ha visto inmerso el trabajador antes de producirse su cambio a funcionario de carrera”.

El objetivo de dicha indemnización, según el sindicato, es reparar “el abuso de la contratación” y establecer “una sanción de carácter disuasorio frente al abuso en la temporalidad en el empleo público”. Para UGT, las sentencias acordadas por el TSJE establecen el mandato de que “la estabilización sin resarcimiento o sanción equivalente hace que el abuso previo quede impune”.

Toda esa teoría, llevada a la práctica, se traduce en dinero. Así, las indemnizaciones que reclamará UGT toman como referencia las percibidas por los trabajadores que no lograron pasar los exámenes para su estabilización, fijadas en 20 días por año trabajado.

A esa cifra se añade, subsidiariamente, el abono de 10.000 euros por trabajador en concepto de "compensación mínima" y como "medida disuasoria por la transgresión de la normativa sobre contratación pública", de acuerdo con la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social.

Reclamaciones conjuntas

El sindicato elaboró y distribuyó el pasado mes de junio un formulario entre sus afiliados y simpatizantes, con los argumentos legales antes descritos, para que presenten sus correspondientes reclamaciones ante los respectivos consistorios, si bien fuentes de la dirección provincial de UGT consultadas por Europa Sur, admiten que la estrategia será llevar a cabo reclamaciones de cantidad de manera conjunta.

En el Ayuntamiento de Algeciras, a tenor de los cálculos estimativos realizados por el sindicato, la reclamación global de los trabajadores estabilizados puede rondar los 2 millones de euros, cantidad que en La Línea de la Concepción puede verse superada debido al volumen de personal eventual que ha pasado a plantilla. “Aún no ha llegado ninguna reclamación, pero llegará”, admiten con cierta resignación fuentes municipales linenses. Cuestión aparte es que los ayuntamientos afectados acepten la tesis sindical. La batalla en los tribunales se presume larga.