Los tres municipios del interior del Campo de Gibraltar, en riesgo de despoblación

Los tres municipios del interior del Campo de Gibraltar -Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo- presentan riesgo de despoblación, aunque con un nivel bajo de afección, según la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico aprobada durante el pasado verano por la Junta de Andalucía. El documento plantea 32 líneas de actuación agrupadas en cuatro ejes para tratar de revertir este fenómeno en la región.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha evaluado todos los municipios andaluces de menos de 10.000 habitantes bajo nueve indicadores fijos para determinar el nivel de riesgo de pérdida de población. Son la densidad de población, la tasa de crecimiento, el índice de envejecimiento, el índice de dependencia, la tasa migratoria, la edad media poblacional, la ratio de masculinidad y la tasa de empleo. Se considera que el riesgo es bajo cuando las localidades cumplen dos o tres de estos parámetros.

Dentro de estas magnitudes, algunos topes son que la densidad de población sea menor a los 20 habitantes por kilómetro cuadrado; que el desempleo afecte a más del 20,3% de la población activa; que la edad media de los vecinos supere los 50 años o que la población de más de 64 años sea superior a la que aún no está en edad de jubilación, aunque el documento no ofrece la información detallada por localidades.

Considerando estas variables, en toda la provincia de Cádiz (45 municipios) hay cuatro localidades en prioridad media y 16 en prioridad baja, principalmente situadas en la serranía y el interior. El nivel de las poblaciones se evaluará cada año conforme a los indicadores recogidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En una segunda fase del trabajo, la Junta prevé incluir a las Entidades Locales Autónomas (ELA), de las que hay dos en el Campo de Gibraltar, ambas en Tarifa: Facinas y Tahivilla.

Aunque con altibajos, los tres municipios campogibraltareños analizados han perdido población en comparación con 2019, año tomado como referencia por ser el primero en el que se segregaron los datos de Jimena y Tesorillo por la creación del octavo municipio.

Al cierre de 2024, Jimena de la Frontera tenía 6.695 habitantes frente a los 6.951 de 2019; Castellar sumaba 2.976 residentes (por 3.049 en 2019) mientras que Tesorillo contabilizaba 2.739 vecinos (por 2.753 en el año de referencia). Es decir, han perdido 343 habitantes en conjunto, porque tenían 12.753 en 2019 y pasaron a 12.410 en 2024.

El reto demográfico

La Consejería justifica la puesta en marcha de esta estrategia, que se prolongará hasta el año 2030, en que el reto demográfico es un "desafío" para la sociedad y los poderes públicos, dadas las transformaciones y desequilibrios que se producen en la población por su evolución histórica, su estructura por edad y su distribución territorial. Entre los factores clave destacan el envejecimiento progresivo de la población, la reducción sostenida de la natalidad, el descenso del número de personas jóvenes y la concentración demográfica en áreas urbanas, en detrimento de las zonas rurales, de montaña o del interior, que van quedando más dispersas y despobladas.

Mediante las políticas públicas que se definen en la estrategia, se tratará de articular medidas y propuestas desde la Comunidad Autónoma para revertir o reducir en lo posible los procesos de despoblación bajo el principio fundamental equilibrar la población en el amplio territorio andaluz. Se trata de más de medio centenar de medidas que van desde la promoción del ocio (para fijar la población joven) a la mejora de las comunicaciones terrestres y telemáticas, fomento para la creación de empresas o refuerzo de las prestaciones sociales y sanitarias.

La meta de la estrategia, que se revisará en 2030, es mantener un crecimiento demográfico que permita alcanzar los 10 millones de habitantes, mejorar la convergencia económica con la media de las comunidades autónomas y consolidar a Andalucía como región dinámica y sostenible, lejos de la imagen de territorio vaciado. La estrategia plantea combinar medidas de carácter social, económico y territorial, garantizando que el desarrollo de las áreas urbanas no se produzca a costa del deterioro de las zonas rurales.

Se trata, en esencia, de reforzar los servicios públicos en los municipios pequeños, mejorar la conectividad física y digital en todo el territorio y aprovechar las oportunidades ligadas a la transición energética, la economía circular y la innovación. Para aplicar las medidas y programas concretos que se establecerán a raíz de esta evaluación inicial, el nivel de prioridad resultará fundamental.

Cuatro ejes de actuación

Atendiendo al diagnóstico realizado se han establecido cuatro ejes de actuación:

• Eje 1: Incluir transversalmente la perspectiva demográfica, la evaluación de impacto demográfico y el denominado “mecanismo rural de garantía (rural proofing)”: considerar la perspectiva demográfica cono eje transversal de todas las políticas públicas para promover la igualdad de oportunidades en todo el territorio andaluz y analizar el impacto de las políticas públicas en los entornos rurales.
• Eje 2: Fomentar la cohesión social: alcanzar un grado satisfactorio de bienestar en la población andaluza, apoyando a los colectivos de personas y entidades que más ayudan a frenar los procesos de pérdida de población, ayudando a revertirlo: familia, mujeres, jóvenes, mayores, migrantes, nuevos pobladores.
• Eje 3: Impulsar el desarrollo económico sostenible: impulsar el desarrollo económico sostenible en todo el territorio, posibilitando la formación de calidad, el empleo, el emprendimiento, el comercio, el turismo, la mejora de la competitividad en el sector agrario y ganadero, así como el desarrollo industrial y minero.
• Eje 4: Cohesionar el territorio andaluz: realizar una adecuada ordenación del territorio, fomentando las infraestructuras, el acceso a la vivienda, la conectividad digital, la movilidad, la eficiencia energética y acceso a los recursos.

¿Por qué no vivir en un pueblo?

La encuesta ciudadana realizada en 2024 aporta una radiografía clara de los principales obstáculos que percibe la población a la hora de instalarse en el medio rural. En primer lugar, se señala la falta de empleo como la mayor dificultad. Le siguen las deficiencias en la red de comunicaciones, que limitan tanto la movilidad como el acceso a oportunidades, y, en tercer lugar, las carencias en los servicios sanitarios, consideradas un elemento esencial para garantizar la calidad de vida en estas áreas.

En cuanto a las condiciones que deberían mejorarse para incentivar la residencia en el medio rural, las respuestas apuntan con claridad a tres prioridades: la necesidad de que los municipios dispongan de buenas comunicaciones (48,68%), la posibilidad de encontrar trabajo en el propio territorio (46,88%) y la existencia de servicios sanitarios adecuados (39,06%). Estos tres factores concentran la mayoría de las demandas ciudadanas y marcan el camino de las actuaciones a desarrollar. Finalmente, la ciudadanía considera más eficaces las políticas orientadas a la reducción de costes fiscales y laborales (52,52%), la mejora de las comunicaciones (48,20%) y el refuerzo de los servicios sanitarios (40,63%), confirmando que empleo, conectividad y sanidad son los ejes centrales para revitalizar el medio rural.