La retirada de vehículos con grúa más cara de la comarca, en La LíneaTres servicios, en el punto de mira

El precio del servicio oscila entre la práctica gratuidad de Castellar, donde se realiza un uso puntual del transporte, hasta los 150 euros que cuesta retirar un vehículo de más de 1.500 kilos en suelo linenseLas sanciones de Algeciras, La Línea y San Roque, envueltas en polémicas

Una grúa traslada por la avenida Virgen del Carmen a un turismo hacia el depósito de vehículos de Algeciras.
Una grúa traslada por la avenida Virgen del Carmen a un turismo hacia el depósito de vehículos de Algeciras.
A. Rodríguez / Algeciras / A. R. / Algeciras

03 de mayo 2009 - 01:00

Aparcar en carga y descarga, sobre la acera o en una esquina no supone el mismo desembolso en los municipios del Campo de Gibraltar. Las tasas de retirada de vehículos infractores por la grúa, que determina cada ayuntamiento a través de sus ordenanzas, difieren entre las localidades de la comarca lo que provoca la existencia de un amplio abanico de tarifas según el lugar donde se imponga la sanción. La Línea de la Concepción es el municipio donde más caro sale dejar mal estacionado el vehículo, ya que la tarifa del servicio parte desde los 120 euros para un turismo -sin contar con la multa administrativa- mientras que Castellar se ubica en el extremo opuesto porque en este municipio la acción de la grúa suele limitarse al cambio de ubicación y la preceptiva multa.

El servicio de la grúa en La Línea, que gestiona la empresa concesionaria Isolux Corsán, cobra por la retirada de los vehículos 120 euros. La cifra se incrementa a 150 si el vehículo pesa más de 1.500 kilos y baja a 60 si se trata de motocicletas. Si sólo hay que pagar el enganche, los precios son de 65, 70 y 30 euros, respectivamente. Los ciudadanos tienen 24 horas para retirar su vehículo sin coste adicional, pasado ese tiempo, deben sumar 6 euros más sobre el coste de la retirada por día que pase en el depósito si se trata de un coche y 3 euros si es una moto.

Isolux Corsán dispone de dos depósitos en el municipio, uno en el centro de la ciudad situado en la plaza García Cabreros y otro en la Ronda Norte. La empresa mantiene los vehículos retirados en el primero durante un día. Si no hay problemas de espacio pueden llegar a estar hasta 48 horas, tras ese tiempo son trasladados al otro depósito. El servicio es continuo y da empleo a cinco personas a turnos. Muchas de las retiradas se realizan de noche porque hay ciudadanos que estacionan en vados y en esquinas. También se retiran multitud de vehículos que están abandonados en la calle, una media de 600 al año. En general, la media de vehículos retirados de la vía pública al mes es de 300, unos 10 al día.

Tarifa es la segunda localidad donde más caro sale dejar el coche en un lugar incorrecto. El servicio es gestionado por la empresa Los Quintos de Tarifa y cobra 59 euros por el traslado de un turismo que suben a 75 si son considerados camiones. Los ciclomotores y motos de menos de 250 centímetros cúbicos pagan 27 euros, 10 más si superan esta cifra. El precio de estancia en el depósito oscila entre los 2 y 3 euros.

Según se apunta desde la Jefatura de la Policía Local, el servicio de grúa se intensifica durante los meses de verano, coincidiendo con una mayor presencia de vehículos que llegan a colapsar el casco urbano tarifeño. Si aún no se ha procedido a la retirada del vehículo, se suele retirar la multa, que parte desde los 90 euros, si bien el servicio ha de pagarse íntegramente.

El servicio de grúa cuenta con un grave problema que no es otro que la reducida capacidad del depósito municipal de vehículos, que no supera la de 20 vehículos. Una vez lleno, el servicio puede mover a un vehículo para restablecer el tráfico, pero no puede llevarlo al depósito. Todo un problema en un municipio eminentemente turístico como Tarifa que ve cada verano multiplicar por cuatro su parque móvil.

En Algeciras, los precios oficiales del servicio parten desde los 51,88 euros para los turismos. Las motocicletas pagan 22,89 euros y los camiones, 67,23 euros. El enganche -sin retirada- cuesta 36,66 para los turismos y 9,15 para las motos. Las primeras 24 horas de estancia en el depósito cuestan 3,29 euros. A partir de ahí, la tasa oscila entre los 3,65 y los 18,27 euros.

La actividad de la grúa en Los Barrios está gestionada por la concesionaria Grúas Villalobos, que traslada los vehículos hasta el depósito ubicado junto a la autovía A-381, que a su vez es depósito judicial para coches intervenidos en la zona. Además de la multa administrativa, de 90 a 150 euros en función de la gravedad, el precio del enganche y retirada asciende a 42,07 euros, según la última ordenanza municipal. La estancia en el depósito genera un coste adicional diario de 1,38 euros para motocicletas y turismos, siendo de 1,77 euros para camiones y autobuses, según el jefe de la Policía Local, Javier Holgado. Para el responsable del cuerpo municipal de seguridad, los barreños suelen buscar antes al infractor que a llamar a la grúa, por lo que el uso es muy puntual.

En San Roque, la multa de tráfico oscila entre los 60 y 300 euros, según la gravedad. El precio del enganche y retirada con la grúa, según explica el concejal de Seguridad, José Luis Navarro, es de 43 euros, mientras que la estancia en depósito devenga un coste de 4 euros diarios. El servicio es gestionado por la empresa sanorqueña Grúas La Arquería, con sede en el polígono La Pólvora. El edil señala que el uso, como en Los Barrios, es esporádico.

En Jimena de la Frontera, el concejal de Seguridad, Andrés Beffa, señala que se cobra la sanción y el coste del servicio, que depende de si sólo se mueve el vehículo a otro lugar o si se traslada a dependencias de la empresa concesionaria, que es la que fija el importe. En cualquier caso, añaden, el uso se limita a no más de cinco ocasiones por año y sin que haya una empresa fija que lo realice.

Por último, en Castellar de la Frontera, el servicio de grúa actúa de manera muy puntual, según explica el jefe de la Policía Local, Manuel Vaca. En este municipio el servicio está concertado con la empresa local Grúa Cutuy, que también realiza trabajos para el Consistorio. Sin embargo, el servicio se limita exclusivamente al cambio de ubicación del vehículo infractor hasta otro lugar donde no genere problemas, sin que exista una tarifa de enganche y traslado más allá de la multa por la sanción administrativa, que asciende a 60 euros. "No hay grandes problemas de estacionamiento. La gente suele respetar los vados y zonas prohibidas. En cualquier caso, queremos contar con un servicio propio en el futuro", detalla Vaca.

60

Las sanciones en los municipios de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque han estado marcadas por la polémica. En el primero de los casos, por la supuesta aplicación irregular al alza de los precios de la grúa mientras que en los otros dos municipios, el destino de la recaudación de las sanciones impuestas por la Policía Local ha estado en entredicho.

Este diario desveló el pasado mes de abril que la empresa Servicios Generales del Estrecho podría estar aplicando desde hace años unas tarifas por la retirada de los vehículos del depósito municipal y estancia de Algeciras superiores a las recogidas en las ordenanzas fiscales. El "engorde" de las tarifas, superiores a los 10 euros, ha provocado la incoación de un expediente por parte del Ayuntamiento, así como la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos.

En La Línea de la Concepción, las supuestas irregularidades, pendientes de celebración de juicio, aluden al destino de la recaudación de las multas. En este municipio hubo un desfase entre la recaudación de 85.733,51 euros por multas y la contabilidad municipal que, según la instrucción del caso, ninguno de los encausados -entre ellos el edil Manuel Aguilera- ha logrado justificar.

Con un similar trasfondo, y pendiente de la actuación de oficio de la Fiscalía, en San Roque se detectó una supuesta contabilidad paralela entre los años 2000 y 2003. En este periodo, la cantidad recaudada sumó 55.450 euros, de la que parte fue empleada para abonar gastos corrientes. El gobierno municipal abrió una comisión de investigación de la que, hasta el momento, se desconocen sus frutos.

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