Los propietarios del edificio Numancia esperan un segundo informe pericial

Los propietarios del edificio Numancia de Tarifa, precintado y desalojado por orden judicial, esperan el resultado de un segundo informe pericial sobre el estado del inmueble realizado a petición de los propios perjudicados.

Un técnico contratado por los afectados del edificio Numancia visitó el edificio y las viviendas colindantes en la tarde del pasado lunes para poder realizar un informe técnico que poder enfrentar a los ya emitidos por otros técnicos, y que han señalado el riesgo de "colapso inminente" del edificio al carecer de la suficiente cimentación estructural. Según se apunta desde los primeros documentos técnicos, la mayoría de la estructura del inmueble -del que buena parte de la fachada da a la céntrica avenida Batalla del Salado- es soportada por un muro medianero construido con argamasa y que, según estos documentos, parece incapaz de mantener en pie el edificio.

Según apuntó Javier Molina, representante legal de algunos de los afectados, tras la inspección ocular por parte del técnico se espera ahora y en unos 10 días las conclusiones que reflejen el posible daño estructural y las medidas que puedan adoptarse para solucionar todo el entuerto en que se ha convertido el caso del edificio Numancia, donde el promotor responsable mantiene un mutismo absoluto a pesar de que el asunto ha acaparado grandes titulares.

Los afectados han solicitado mantener una reunión con el alcalde, Miguel Manella, en la que esperan les sean contestadas sus reclamaciones y exigencias manifestadas semanas atrás, desde que se consumó el precinto y desalojo del polémico edificio.

Así, algunos de los comercios perjudicados han abierto sus negocios en otros locales, como la administración de loterías, ya que su actividad debe permanecer durante varios años según dictan las normas de la franquicia. Otros empresarios han optado por cerrar de manera temporal sus comercios a la espera del desarrollo de los acontecimientos.

Lo cierto es que el asunto ha salpicado de lleno tanto a los denunciantes como a los afectados por el desalojo. Empresarios y propietarios de viviendas que asisten atónitos a la imposibilidad de disfrutar de sus casas, cuyas hipotecas deberán de seguir pagando con total puntualidad.

Los perjudicados solicitaron nada más conocerse el dictamen de desalojo el apuntalamiento del inmueble amparándose para ello en un artículo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que contempla esta opción cuando un edificio se encuentre en riesgo de colapso. De esta manera, los perjudicados buscan la implicación del Ayuntamiento, quien en primera instancia se mostró colaborador pero dejando claro que la situación no era de su responsabilidad.