Siete de los 23 detenidos en la operación desplegada en la madrugada del miércoles por la Guardia Civil en Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque y Chiclana de la Frontera contra el "entramado financiero" de las redes de narcotráfico que operan en el Campo de Gribraltar han ingresado en prisión, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

De los siete detenidos que han ingresado en prisión, cuatro han sido enviados por el juez con prisión incondicional, mientras que para dos se ha decretado una fianza de 20.000 euros y para el séptimo una fianza de 30.000 euros.

La operación ha comprendido 15 registros domiciliarios en estas localidades de la provincia, merced a los requerimientos del Juzgado número dos de Chiclana de la Frontera y la Fiscalía antidroga de Cádiz.

Las actuaciones derivan de la Operación Barros, saldada tiempo atrás con la desarticulación de un grupo criminal dedicado al narcotráfico, la detención de 91 personas y el decomiso de nueve toneladas de hachís en las costas de Huelva y Cádiz.

Uno de los detenidos en la Operación Barros era el cabecilla de la red desmantelada, conocido como Potito, quien contaba con dos personas de su máxima confianza encargadas de las labores logísticas de abastecimiento de las embarcaciones utilizadas supuestamente para el traslado de la droga, además de funcionar como enlace entre los miembros de la organización afincados en Chiclana de la Frontera y los del Campo de Gibraltar.

Investigación patrimonial

A partir de dicha operación fue emprendida una "exhaustiva investigación patrimonial" mediante la cual fue descubierto que la red desmantelada incluía a personas a las que los cabecillas del grupo asignaban la titularidad de bienes supuestamente adquiridos gracias a los fondos cosechados del narcotráfico.

Para actuar en esa vertiente, es decir contra las "fuentes de financiación" del narcotráfico, esta nueva operación, bautizada como operación Lodos, ha supuesto 15 registros domiciliarios en Algeciras, La Línea, San Roque y Chiclana, el arresto de 23 personas que habrían actuado como presuntos testaferros de los cabecillas de la red, el decomiso de unos 150.000 euros en efectivo atesorados por estas personas y la intervención de nueve chalés, una vivienda adosada, tres pisos, un garaje y varios vehículos de alta gama, bienes todos ellos valorados en aproximadamente 2,5 millones de euros.