El PP y Vox aprueban en el Parlamento andaluz una propuesta para luchar contra el narcotráfico sin medidas sociales

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley presentada por el Partido Popular en la que insta al Gobierno a reforzar la lucha contra el narcotráfico ante la ampliación de los alijos a otros puntos de toda la costa andaluza y el repunte de la presencia de narcolanchas en el río Guadalquivir. La PNL de los populares, que han admitido dos enmiendas de Vox y han contado con su apoyo, incluye la puesta en marcha de un plan integral de actuación "con la correspondiente dotación de medios personales, materiales y tecnológicos, la restitución del OCON Sur y la declaración como Zona de Especial Singularidad a la provincia de Cádiz, entre otras medidas.

El PP rechazó las enmiendas presentadas por el PSOE, defendidas por la algecireña Rocío Arrabal, que solicitaban al Gobierno de la Junta de Andalucía acompañar estas demandas con un plan de medias sociales y económicas, competencias autonómicas, con la participación de las consejerías de Educación, Vivienda e Inclusión Social, para la atención de las familias. En su turno de intervención, Arrabal lamentó que la iniciativa del PP es "un nuevo ejercicio de cinismo político" al considerar que está pensada "para la confrontación y está cargada de hipocresía de un partido que solo se preocupa de esta realidad a base de titulares y como arma arrojadiza y que tiene mucho que callar por su pésima gestión y por sus antecedentes".

"Este complejo problema no puede ser abordado únicamente reclamando más medidas policiales", afirman los socialistas, que también demandaban la puesta en marcha del grupo de trabajo que comprometió la Consejería de la Presidencia el año pasado para “desarrollar medidas de apoyo” a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en el Campo de Gibraltar, así como “un plan de incentivos económicos a funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía destinados en zonas de difícil cobertura, con el fin de poder cubrir las plazas vacantes y estabilizar las plantillas”.

En otra de las enmiendas los socialistas proponían que el Consejo de Gobierno de la Junta “promueva planes de empleo concretos y específicos para abordar el problema del narcotráfico en la provincia de Cádiz, íntegramente financiados con fondos de la comunidad autónoma”.

El primer punto de la PNL atacaba directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su gestión de la lucha contra el narco: "El Parlamento de Andalucía muestra su más absoluto rechazo a la inacción gubernamental por no dar una respuesta contundente en la lucha contra el narcotráfico y por la actitud negligente y de desidia del ministro del Interior del Gobierno de España con nuestras FCSE, lo que provoca una creciente indefensión y desprotección de estos servidores públicos, en especial en el ejercicio de su labor de protección a la ciudadanía y de salvaguarda del orden público y del Estado de derecho, y para evitar un aumento incontrolado de la violencia y una mayor sofisticación de los grupos criminales que operan en la zona, poniendo en peligro también a la ciudadanía".

De los puntos que incluía la PNL de los populares, obtuvo un respaldo unánime el que plantea que la provincia sea considerada como Zona de Especial Singularidad. La propuesta también insta al Gobierno a crear una unidad marítima de la Guardia Civil específica que refuerce los servicios de vigilancia y control en la desembocadura del río Guadalquivir, una reforma legislativa que permita endurecer las penas y agilizar los procedimientos judiciales contra los narcotraficantes y que los órganos jurisdiccionales del Campo de Gibraltar y de su área de influencia puedan extender su jurisdicción o agruparse para dar una mejor respuesta a la lucha contra el narcotráfico. Otro punto de la PNL es el fomento de la colaboración entre la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los Grupos de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado (Greco) y la Guardia Civil, con el objetivo de optimizar la efectividad operativa.