Policías nacionales sin fondos: las comisarías de Cádiz no tienen para pagar los folios, el papel higiénico o las reparaciones de vehículos

Las alarmas han saltado en las comisarías de la Policía Nacional del Campo de Gibraltar y del resto de la provincia de Cádiz. Lo que hasta hace unos meses parecía un problema puntual se ha convertido en un colapso generalizado: las cajas pagadoras, es decir, los fondos con los que se costean los gastos corrientes del día a día, están vacías. Y la situación ha llegado tan lejos que los agentes, por primera vez en la historia, están teniendo que sacar dinero de su propio bolsillo para poder trabajar.

La denuncia ha sido puesta sobre la mesa por los sindicatos policiales, que acusan directamente al Ministerio del Interior de haber dejado sin recursos a las comisarías. Las fuentes sindicales destacan la gravedad de no disponer de fondos ni siquiera para afrontar facturas básicas como luz, agua o reparaciones de vehículos.

¿Qué son las cajas pagadoras?

Las cajas pagadoras funcionan como pequeñas arcas operativas que permiten a cada comisaría cubrir gastos imprescindibles del día a día: desde pagar facturas de electricidad, gas o agua, hasta hacer frente a una reparación urgente de un vehículo o reponer material de oficina; estas partidas económicas resultan claves para garantizar el funcionamiento ordinario de la Policía Nacional.

Pero desde comienzos del verano pasado, esas cajas se encuentran desabastecidas sin que hay entrado un euro en ellas. No hay dinero para reponer tóner en las impresoras, ni para reparar coches patrulla averiados, ni para pagar facturas que se acumulan sin abonar. El resultado es un bloqueo operativo que los sindicatos califican como “insostenible” y que, en comisarías como la de La Línea de la Concepción, ha desembocado en mensajes internos a los agentes rogándoles “optimizar al máximo” los materiales básicos, incluido el papel higiénico.

Consecuencias de una crisis inédita

El desabastecimiento de las cajas pagadoras se traduce en una cascada de problemas que golpean directamente a la labor policial. En primer lugar, las comisarías acumulan facturas impagadas, un lastre que compromete su solvencia y credibilidad. En segundo lugar, las averías de los vehículos se quedan sin reparar, lo que puede limitar la capacidad de respuesta en operaciones que requieren movilidad inmediata.

A esto se suma la suspensión de los adelantos de dietas, un recurso esencial para que los agentes puedan desplazarse en comisión de servicio. Sin estos adelantos, muchos policías ven seriamente dificultado su trabajo. Y, como guinda de la precariedad, cada vez son más los funcionarios que se ven obligados a costear con dinero propio gastos básicos que deberían cubrirse con fondos públicos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Jupol han denunciado públicamente lo que considera una dejación de funciones por parte del Ministerio del Interior. Hablan de un “colapso absoluto” que pone en riesgo no solo la operatividad, sino la dignidad de los agentes. “No se puede exigir a los policías que adelanten dinero de su bolsillo para mantener en marcha un servicio esencial para la ciudadanía”, advierten.

Fuentes policiales consultadas apuntan a la posible raíz de esta crisis: la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la ausencia de nuevas cuentas aprobadas en 2025. La falta de previsión financiera ha dejado a las comisarías sin la liquidez mínima para funcionar, una situación que se ha enquistado con el paso de los meses y que hoy se ha convertido en insostenible.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior guarda silencio. Los sindicatos, en cambio, alertan de que la situación ha alcanzado un punto crítico que compromete el día a día de las comisarías y, en última instancia, la seguridad ciudadana. “Si no se desbloquean las cajas pagadoras de inmediato, el servicio policial quedará seriamente mermado”, advierten.