Policías denuncian que una nueva instrucción del Ministerio del Interior “incentiva el consumo de drogas en la vía pública”

El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) ha mostrado su rechazo frontal a la Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, al considerar que supone “un retroceso en la lucha contra el consumo de drogas” y una “limitación injustificada” a la labor de los agentes. La nueva norma establece que el consumo o tenencia ilícita de drogas en el interior de vehículos particulares estacionados no será considerado infracción administrativa, siempre que no se vincule al tráfico de estupefacientes ni a la conducción bajo sus efectos.

Según UFP, este cambio de criterio “resta eficacia a la seguridad ciudadana” y podría abrir la puerta a que se normalice el consumo de drogas en plena vía pública, aunque sea en el interior de un vehículo aparcado. A juicio del sindicato, se trata de una “protección jurídica desproporcionada” para el vehículo particular, que impide a los agentes actuar frente a conductas que tienen un impacto directo sobre el entorno público y la convivencia.

“¿Después de diez años de vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, esta es la interpretación que se quiere imponer?”, se preguntan desde la organización sindical, que considera que la medida responde más a una “voluntad política” que a una necesidad jurídica real. Critican además que la instrucción se base en jurisprudencia “anticuada” del Tribunal Supremo y el Constitucional —de 1999 y 2013— y lamentan que no se haga referencia a sentencias más recientes ni a informes técnicos que avalen el cambio.

Otra de las preocupaciones del sindicato es la falta de claridad sobre cómo deben actuar los agentes en caso de hallar armas blancas u objetos peligrosos en coches estacionados. “¿Debe el agente intervenir si se encuentra una navaja, un machete o cualquier otro instrumento peligroso?”, se cuestionan, advirtiendo que esta ambigüedad “genera confusión” y puede desembocar tanto en impunidad como en actuaciones policiales posteriormente cuestionadas.

Por todo ello, la UFP reclama al Ministerio del Interior la “revisión inmediata” de la instrucción y su paralización hasta que se elabore una normativa “más equilibrada”, que proteja los derechos fundamentales pero también garantice la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“La seguridad ciudadana no puede seguir debilitándose con instrucciones que restringen la actuación policial sin ofrecer alternativas claras ni criterios operativos sólidos”, concluye UFP.